La historia de Mónica Boggio Tomasaz Merino, actual Jefa de la Oficina de Gobierno del Estado de Morelos y aspirante a magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), está plagada de inconsistencias y falsedades.
Una de las más graves: no cumple con el requisito de 10 años de residencia en la entidad, indispensable para ocupar el cargo de Magistrada en el TJA.
Las pruebas son contundentes.
Las constancias de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con fecha del 1 de abril de 2024, revelan que Boggio solo ha residido en Morelos durante cinco años. El resto del tiempo lo ha dividido entre Veracruz, Quintana Roo y otros estados.
Un pasado laboral que no cuadra.
Entre 2011 y 2017, Boggio laboró en empresas privadas de Veracruz. En 2017 se mudó a Quintana Roo para trabajar en el Corporativo Profesional Empresarial Nizuc. ¿Cómo puede acreditar 10 años de residencia en Morelos si ha pasado la mayor parte de la última década en otros lugares?
Las mentiras tienen patas cortas.
La información oficial del IMSS contrasta con la versión de Boggio, quien tramitó una constancia de residencia falsa para cumplir con los requisitos de la convocatoria del TJA. Un acto que no solo la inhabilita para el cargo, sino que pone en duda su ética y honestidad.
No es la primera vez.
En diciembre de 2020, cuando Boggio asumió la Secretaría de Hacienda, tampoco cumplía con el requisito de residencia. La Constitución del Estado exige que el Secretario de Despacho sea morelense por nacimiento o tenga al menos tres años de residencia. En ese entonces, Boggio solo tenía dos.
Un patrón preocupante.
La constante falta de requisitos de Boggio para ocupar cargos públicos de alto nivel enciende las alarmas. ¿Estamos ante una funcionaria que busca burlar la ley para acceder a puestos de poder? ¿Qué mensaje envía esto a la sociedad?
Las y los diputados del Congreso de Morelos no pueden mirar hacia otro lado. La candidatura de Mónica Boggio al TJA debe ser rechazada por no cumplir con los requisitos legales. Se trata de un asunto de transparencia, ética y respeto a la ley.
