Pie de foto: Ni justicia pronta ni expedita, Uber A. R. denuncia una red de corrupción en la Fiscalía Anticorrupción de Morelos
El martes 24 de noviembre de 2020, Guillermo Mejía Santillán, entonces Agente del Ministerio Público de Robo de Vehículos, de la Fiscalía de la Región Oriente del estado, recibió una llamada telefónica.
La voz lo alertaba: “Van para allá, van por el sello, escóndelo”.
Era el Vicefiscal Anticorrupción de Morelos, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, quien le decía que pronto llegaría un operativo de Agentes de Investigación Criminal para asegurar un sello oficial en posesión de ellos.
Guillermo Mejía junto con el agente del Ministerio Público, Marco Antonio Sosa decidieron alterar el sello y así evitar que éste fuera relacionado con la denuncia en curso de la carpeta de investigación FRV01/1844/2020.
Pie de foto: El Vicefiscal, Edgar Rodolfo Nuñez Urquiza es implicado en la protección a servidores públicos.
Una agente del Ministerio Público había utilizado dicho sello oficial para dar de baja el reporte de un robo del vehículo, pero no era el único caso había muchos otros que implicaba a una red de corrupción.
La historia inició la noche del 12 de agosto de 2020, cuando dos hombres, uno de ellos con pistola, despojaron a una mujer y a su hijo, de una camioneta Dodge, Journey 2015, en Cuernavaca.
Parecía que el delito quedaría impune, como muchos otros, pero el propietario de la camioneta, Uber A. R. inició una investigación privada.
El exagente policial descubrió una red de corrupción de servidores públicos de la Fiscalía de Morelos vinculada con grupos delictivos del robo de autos.
Dos meses y medio después, el 28 de octubre, Uber recibió la noticia de que su camioneta había sido recuperada, pues ya no aparecía como robada en la base de datos de Plataforma México.
Pero al preguntar por el vehículo, un contacto le dijo:
“Tu camioneta no la vas a encontrar, tu camioneta ya la vendieron”, y le confió que personal de la Fiscalía, desde al menos cuatro años, venía trabajando con bandas de robacarros.
El modus operandi era que dos abogados particulares, uno identificado con el nombre de Raúl Mier y otro de apellido Caranga eran el vínculo entre personal de la Fiscalía de robo de vehículos y los grupos criminales.
“Ya tenemos fiesta, tienes cuatro pases para ti, diez para mí, otros diez para otra persona”, así era la clave que utilizaba Raúl Mier para decirles que ya había un carro robado y necesitaban venderlo.
Los agentes del Ministerio Público recibían sobornos para que, los reportes de los vehículos robados, los dieran de baja de Plataforma México y así aparecieran sin reporte de robo.
Un ejemplo del caso fue la camioneta que le robaron a Uber. La Ministerio Público responsable de dar de baja el vehículo fue Betzayda Salgado, una agente adscrita a Yautepec.
La mujer es íntima del Vicefiscal de la zona oriente, José Alejandro Chávez Carmona, quien, de acuerdo con la investigación de Uber, recibe cada semana 80 mil pesos de sobornos de grupos de robacarros.
Pero Betzayda Salgado no es la única cómplice de Alejandro Chávez también se habla de Esli Ali Hernández Reyes y Alberto Flores González, quienes les hacen llegar otros sobornos de grupos delictivos que operan en la zona oriente.
Información recabada confirma que Esli Ali Hernández han incurrido en enriquecimiento ilícito pues tiene un carro del año, y Alberto Flores construye una residencia en Yautepec, de los sobornos recibidos en los últimos años.
El pasado 5 de julio se le preguntó a Chávez sobre los actos de corrupción en los que se relacionaba a sus subalternos, pero él dijo no tener conocimiento sobre el tema y se reservó su derecho para hablar.
Pie de foto: José Alejandro Chávez Carmona, Vicefiscal de la zona oriente.
Uber A. R. denunció que la querella en contra de Betzayda Salgado no ha sido judicializada porque Núñez Urquiza es cómplice en estos actos de corrupción y en otros más.
El pasado viernes 13 agosto, la víctima acudió a la audiencia, en calidad de víctima porque se iba a formular imputación contra Betzayda Salgado, pero la audiencia fue diferida, y el Juez de la causa, Ramón Villanueva Uribe fijó otra fecha para el desahogo.
La colusión de servidores públicos de la Fiscalía con grupos criminales existe en toda la Fiscalía. Urien Carmona Gándara es omiso y cómplice, se “lava las manos” diciendo:
“Lo que necesitamos es que nos denuncien, que nos den nombres, que nos den datos, que nos digan que es lo que hizo el personal para que nosotros podamos intervenir, poner orden, procesarlos, separarlos del cargo”, ha dicho en entrevista.
Pero el Fiscal General no actúa porque también recibe su “comisión”, denuncia Uber A. R.
Video: Entrevista a Uber, víctima de robo de vehículos.