El próximo jueves 19 de agosto, el Juez de Control de Garantías, Ramón Villanueva Uribe resolverá definitivamente: si existe o no la comisión de un delito en el crédito de 600 mil pesos, otorgado al exgobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.

Lo anterior, luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción resolvió otra vez, no ejercer la acción penal a favor de Graco Ramírez porque según su criterio no existe delito que perseguir.

Para la Fiscalía Anticorrupción, Graco Ramírez y el exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna no tienen ninguna responsabilidad por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones y no pueden ser sometidos a proceso penal.

En la audiencia de queja, el pasado viernes 13 de agosto, el asesor jurídico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Elio Brito Cantú solicitó al juez revocar la resolución emitida por la Fiscalía.

En opinión del asesor jurídico: hay méritos para ejercer la acción penal en contra del exgobernador, Graco Ramírez y del exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, por ello pidió al juez iniciar un proceso penal y llevarlos a juicio.

“Es claro y contundente que accedió ilícitamente a un beneficio de contenido económico y que, la entonces directora del Instituto de Crédito autorizó a favor del exmandatario” a pesar de que no tenía derecho, dijo en sus argumentos el asesor.

Por su parte, el abogado defensor de ambos exservidores públicos, Juan Gabriel Vargas Téllez sostuvo en entrevista:

“… él (Graco) era afiliado al Instituto de Crédito, y en este momento, sigue pagando ese crédito y además no hay dinero público en ese empréstito porque los fondos del Instituto de Crédito corresponden a un patrimonio propio, entonces no hay una conducta ilícita”, declaró en entrevista Vargas Téllez.

Ante esta situación, será el próximo jueves cuando el Juez resuelva: si existen o no elementos suficientes para investigar a Graco Ramírez y a Jorge Michel por un delito.

El pasado mes de abril, el juzgador conoció del mismo tema y ordenó corregir una cuestión de forma en el procedimiento, pero la Fiscalía Anticorrupción se pronunció nuevamente en el mismo sentido: no ejercer la acción penal a favor del exmandatario.