Serie de investigación: ¿QUIÉN JUZGARÁ?

El Congreso concedió una pensión por cesantía en edad avanzada a Tomás Mateo Morales, juez especializado de Ejecución en Xochitepec. El decreto fue publicado el 18 de noviembre y establece el cese de su nombramiento a partir de su entrada en vigor. Su salida abre nuevas preguntas sobre la reorganización judicial y los asuntos que tenía pendientes.

Por El Guardián MX | Periodismo para la Justicia

Una nueva salida se suma a los movimientos de personas juzgadoras que El Guardián MX ha documentado en su investigación especial ¿Quién Juzgará?

El Congreso del Estado concedió una pensión por cesantía en edad avanzada al juez penal Tomás Mateo Morales, cuya última adscripción fue el Juzgado Especializado de Ejecución del Único Distrito Judicial, con sede en Xochitepec.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 2165, publicado el 18 de noviembre de 2026 en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.

El documento establece que el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación y que, si el beneficiario continuaba en activo, cesarían los efectos de su nombramiento a partir de esa fecha.

La salida del juzgador plantea una nueva interrogante para el Órgano de Administración Judicial: ¿quién asumirá los asuntos que tenía bajo su responsabilidad?

Un amparo antes de la pensión

La historia de esta nueva salida judicial comenzó mucho antes de la publicación del decreto.

El 17 de octubre de 2024, Tomás Mateo Morales solicitó al Congreso de Morelos una pensión por cesantía en edad avanzada.

Sin embargo, ante la falta de respuesta a su petición, promovió un juicio de amparo ante la justicia federal.

El expediente quedó registrado con el número 843/2025, ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos.

De acuerdo con el decreto publicado, el 26 de agosto de 2025 el Congreso fue notificado de una sentencia que concedió la protección federal al promovente.

La resolución ordenó a las autoridades legislativas emitir una respuesta fundada, motivada y congruente a su solicitud.

No se trató de una sentencia que concediera directamente la pensión, sino de una determinación que obligó a resolver la petición.

Posteriormente, el Congreso analizó el expediente y aprobó el beneficio.

Diecinueve años de servicio efectivo

El decreto establece que Tomás Mateo Morales acreditó 19 años y nueve meses de servicio efectivo no interrumpido, así como 55 años de edad a la fecha de expedición de la constancia correspondiente.

Su trayectoria en el servicio público incluye funciones dentro de la Procuraduría General de Justicia, donde se desempeñó como agente del Ministerio Público, y posteriormente en el Poder Judicial.

Entre los cargos que ocupó se encuentran juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones; comisionado del Programa de Justicia Terapéutica y juez especializado de Ejecución.

Su última adscripción fue en Xochitepec, donde permaneció desde marzo hasta agosto de 2024 en una adscripción previa y posteriormente regresó al mismo cargo, según los antecedentes administrativos consignados en el decreto.

Una pensión del 75 por ciento

El Congreso determinó concederle una pensión equivalente al 75 por ciento del último salario, en los términos establecidos por el decreto.

El pago mensual corresponde al Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo al presupuesto que se le otorgue para ese fin.

El decreto también contempla el mecanismo presupuestal aplicable si los recursos asignados para pensiones resultan insuficientes.

Una nueva salida, pero de una función judicial distinta

La salida de Tomás Mateo Morales se suma a las jubilaciones y pensiones de personas juzgadoras que este medio ha documentado durante los últimos meses.

Sin embargo, existe una diferencia relevante.

Mientras las primeras entregas de ¿Quién Juzgará? se concentraron en tribunales de enjuiciamiento cuyos integrantes participan en juicios orales, Mateo Morales se desempeñaba como juez especializado de Ejecución.

Su función corresponde a una etapa distinta del proceso penal, relacionada con el cumplimiento de las sentencias y los derechos de las personas sentenciadas y privadas de la libertad.

Por ello, su salida no debe presentarse como una nueva suspensión de juicios orales.

El desafío administrativo consiste en conocer cómo se redistribuirán los asuntos de ejecución que estaban bajo su responsabilidad y quién garantizará su continuidad.

La reorganización continúa

Recientemente, El Guardián MX obtuvo información extraoficial sobre la posible conformación de los tribunales de enjuiciamiento de Atlacholoaya, Jojutla y Cuautla.

En aquella investigación identificamos a nueve personas juzgadoras que podrían integrar los tribunales, aunque la conformación todavía requería confirmación institucional.

La publicación de la pensión de Tomás Mateo Morales abre una línea adicional: la reorganización no solamente debe analizarse en los tribunales de juicio oral, sino también en los juzgados de Ejecución.

Por ahora, no contamos con información oficial sobre quién asumirá la función que desempeñaba Mateo Morales, cuántos asuntos tenía pendientes ni si ya existe una determinación administrativa para redistribuirlos.

¿Quién garantizará la continuidad?

El derecho de las personas juzgadoras a obtener una pensión debe respetarse.

Pero también existe una obligación institucional de garantizar que las salidas no provoquen dilaciones indebidas en la administración de justicia.

En los juzgados de Ejecución se resuelven asuntos que pueden incidir directamente en la libertad, las condiciones de internamiento y otros derechos de las personas sentenciadas.

Por eso, el seguimiento de esta nueva salida no termina con la publicación del decreto.

El Guardián MX buscará conocer quién asumirá los asuntos pendientes, qué mecanismos administrativos se aplicarán y si existe un plan para garantizar la continuidad de la justicia de ejecución penal.

La pregunta que dio origen a nuestra investigación sigue vigente.

¿QUIÉN JUZGARÁ?