La justicia federal ordenó revisar la medida cautelar contra Ricardo R. C. y Viola Z. R. El juez Samuel Nava Sánchez volvió a imponer prisión preventiva justificada. Su hijo, Ricardo R. Z., ya fue detenido y enfrenta dos procesos penales distintos.
Por: El Guardián Mx | Periodismo para la justicia
Un juez de control volvió a imponer prisión preventiva justificada a Ricardo R. C. y Viola Z. R., padres de Ricardo R. Z., vinculado a proceso por el feminicidio de Andrea Maylin C. R., después de que la justicia federal concediera un amparo para revisar la medida cautelar decretada contra ambos por el delito de encubrimiento por favorecimiento.
La resolución fue emitida por el juez Samuel Nava Sánchez durante una audiencia celebrada el 29 de octubre en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, luego de que la diligencia, originalmente programada en Cuautla, fuera trasladada ante una protesta de familiares de la víctima.
El amparo obligó a revisar la prisión preventiva
La protección federal no ordenó la libertad automática de los imputados ni dejó sin efectos su vinculación a proceso.
Su alcance consistió en revisar la resolución que les impuso prisión preventiva justificada, permitir el debate sobre información cuestionada por la defensa y determinar nuevamente si existían riesgos procesales suficientes para mantenerlos privados de la libertad.
Durante la audiencia, las defensas cuestionaron que diversos documentos relacionados con el domicilio y arraigo de Ricardo R. C. no estuvieran incorporados a la carpeta de investigación por encubrimiento.
Entre ellos se mencionaron documentos de propiedad, información catastral, recibos telefónicos y estados de cuenta.
La representación ministerial sostuvo que esos registros pertenecían a una investigación distinta. El juez consideró que esa circunstancia no demostraba un ocultamiento deliberado de información por parte de la Fiscalía.
Detenciones fuera de Morelos, entre los argumentos del juez
Al resolver, Samuel Nava Sánchez valoró que Ricardo R. C. y Viola Z. R. fueron detenidos en el Estado de México y Veracruz, respectivamente, fuera del domicilio señalado como residencia habitual.
También consideró el riesgo de obstaculización de la investigación y concluyó que otras medidas cautelares no resultarían suficientes para garantizar los fines del procedimiento.
Por ello, volvió a imponer prisión preventiva justificada a ambos.
La resolución mantiene la privación de la libertad, pero no determina su responsabilidad penal. La Fiscalía deberá demostrar durante el proceso las conductas de encubrimiento que les atribuye.
Ricardo R. Z. ya fue detenido y enfrenta dos procesos
El contexto judicial cambió desde que los padres fueron vinculados a proceso el 23 de junio de 2026.
Ricardo R. Z. fue detenido el 11 de septiembre en Puebla, mediante una operación coordinada entre autoridades federales y estatales. La Fiscalía reconoció que información proporcionada por Juan Carlos Chino Mauricio, padre de Andrea Maylin, contribuyó a su localización.
El 18 de septiembre fue vinculado a proceso por feminicidio. Posteriormente, también fue vinculado por violencia familiar y violencia vicaria, relacionadas con hechos presuntamente cometidos contra Andrea Maylin en diciembre de 2024.
Permanece en prisión preventiva en el Cereso de Cuautla. No existe sentencia firme en su contra.
La detención del hijo no extingue el proceso contra sus padres
La causa penal por encubrimiento es independiente de los procesos que enfrenta Ricardo Reyes Zequeda.
Su detención no elimina automáticamente la responsabilidad que la Fiscalía pretende acreditar contra sus padres. Tampoco justifica, por sí sola, mantenerlos privados de la libertad.
La prisión preventiva requiere una valoración actual de los riesgos procesales y una motivación individualizada.
En este caso, la resolución judicial mantiene la medida, mientras las defensas conservan los medios legales para controvertirla.
¿Qué sigue pendiente?
La Fiscalía, encabezada por Fernando Blumenkron Escobar, ha informado avances en la detención y vinculación de las personas investigadas.
La pregunta es concreta: ¿qué riesgos procesales persisten después de la detención de Ricardo R. Z. y cómo garantizarán las autoridades que las causas penales avancen respetando los derechos de las personas imputadas y de la familia de Andrea Maylin?