Por El Guardián Mx | Periodismo para la justicia
Por tercera ocasión no pudo celebrarse una audiencia de formulación de imputación por la muerte de una persona en un hecho de tránsito ocurrido en marzo de 2026, en la región oriente de Morelos.
En la audiencia del 17 de septiembre, celebrada en la Ciudad Judicial de Cuautla, la Fiscalía pretendía formular imputación contra Carlos Antonio C. C., por el hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo, cometido en agravio de Gerardo B. S.
Sin embargo, el nuevo defensor particular, Carlos Ramos Sánchez, informó al juez que no contaba con copia de la carpeta de investigación y que necesitaba conocer los antecedentes para preparar una defensa técnica y adecuada.
La Fiscalía no se opuso al diferimiento. La agente del Ministerio Público, Cynthia Sotelo Vidal, sostuvo que anteriormente se habían entregado copias a la persona investigada y que desconocía que un nuevo abogado asumiría la defensa.
La asesora jurídica de la víctima indirecta, María del Rosario Luengas Paez, se opuso al aplazamiento. Señaló que diferentes abogados relacionados con la aseguradora Quálitas han intervenido en el caso y consideró que los cambios están retrasando el procedimiento.
También expuso que en la audiencia del 26 de julio la agente del Ministerio Público no compareció. La familia había promovido desde el 10 de julio una queja ante el Órgano Interno por la actuación ministerial.
El juez protegió el derecho de defensa
El juez de control Edgar Díaz Martínez determinó que la audiencia no podía continuar porque no existía constancia de que el nuevo defensor hubiera recibido la carpeta de investigación.
Explicó que formular la imputación sin permitir que la defensa conociera previamente los antecedentes podría colocar a la persona investigada en estado de indefensión.
El juzgador consideró que todavía no había elementos para afirmar que la petición tuviera deliberadamente la finalidad de retrasar el procedimiento. No obstante, advirtió que una nueva sustitución de abogados o la reiteración de no contar con la carpeta podría ser considerada una maniobra dilatoria o abandono de la defensa.
Plazo, multas y una nueva audiencia
El juez concedió a la Fiscalía un plazo de tres días para entregar las copias de la investigación y fijó una nueva audiencia para el 22 de octubre, a las 12:30 horas.
También apercibió a las partes técnicas con una multa de 50 UMA si no comparecen sin causa justificada. La Fiscalía recibió el mismo apercibimiento en caso de incumplir con la entrega de la carpeta.
El juez señaló que, si la defensa vuelve a generar una situación semejante, podría designarse una persona defensora pública para garantizar la celebración de la audiencia.
Respecto de la petición para sustituir a la agente del Ministerio Público por un posible conflicto de interés, explicó que esa determinación no corresponde al órgano jurisdiccional. La familia deberá plantearla ante la autoridad competente de la Fiscalía General del Estado.
Hasta ahora no existe una resolución conocida que confirme el conflicto de interés señalado por la representación de la familia.
Tres audiencias sin formulación de imputación
La primera audiencia para formular imputación fue programada para el 6 de julio, según la familia. El 10 de julio se promovió la queja y, en la audiencia del 26 de julio, la agente del Ministerio Público no compareció.
El 17 de septiembre tampoco fue posible avanzar, ahora porque el nuevo defensor carecía de la carpeta.
Los aplazamientos tuvieron causas diferentes, pero produjeron el mismo resultado: a casi seis meses del hecho de tránsito, la Fiscalía todavía no ha formulado imputación ante el juez.
La suspensión de la audiencia no representa una decisión sobre la responsabilidad de la persona investigada. Tampoco significa que el caso haya concluido.
La pregunta pendiente es: ¿qué harán la Fiscalía, la defensa vinculada con Quálitas y el Poder Judicial para garantizar que el 22 de octubre la audiencia finalmente se celebre?