Un juez de control declaró ilegal la detención de Baldemar R. L., investigado por un presunto ataque armado contra dos policías. Las versiones sobre las armas, los disparos y las personas participantes no coincidieron.
Por El Guardián Mx | Periodismo para la justicia
Las contradicciones entre el Informe Policial Homologado, las entrevistas de los agentes y los indicios balísticos provocaron que un juez declarara ilegal la detención de una persona investigada por presuntamente disparar contra dos agentes policiales en Tepoztlán.
Durante una audiencia celebrada el 3 de septiembre de 2026, un juez especializado de Control de Garantías determinó que la Fiscalía no justificó adecuadamente la legalidad de la detención de Baldemar R. L.
La persona fue presentada ante el órgano jurisdiccional por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, dentro de la causa judicial JC/1545/2026.
La versión de los policías
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, aproximadamente a las 20:20 horas del 31 de agosto se recibió un reporte relacionado con detonaciones de arma de fuego.
Alrededor de las 20:40 horas, los agentes policiales llegaron a la zona de Santo Domingo Ocotitlán, sobre la carretera Cuernavaca–Tepoztlán.
La versión policial sostuvo que, antes de llegar al domicilio reportado, observaron a dos personas y que una de ellas portaba un arma larga.
Según el relato presentado ante el juez, uno de los hombres habría intentado disparar, pero el arma presuntamente se encasquilló. Esa persona escapó.
Los agentes atribuyeron a Baldemar R. L. la realización de varias detonaciones con un arma corta, sin que los policías resultaran lesionados. Posteriormente, le habrían ordenado detenerse y bajar el arma.
La Fiscalía señaló que la persona investigada arrojó el arma hacia un inmueble en obra negra. Sin embargo, los agentes ingresaron al lugar y no lograron localizarla.
Durante la inspección practicada a Baldemar R. L. se habrían encontrado cuatro cartuchos calibre nueve milímetros y un teléfono celular. En el lugar también fueron localizados diversos casquillos.
La defensa exhibió las contradicciones
La defensa particular argumentó que la detención estuvo acompañada de violaciones a derechos fundamentales y que el IPH contenía inconsistencias desde la narración inicial.
Uno de los puntos cuestionados fue el número de personas que presuntamente participaron. Mientras una versión hablaba de dos sujetos, otra entrevista solamente hacía referencia a uno.
También existieron diferencias sobre la cantidad de detonaciones. En el IPH se habrían asentado seis disparos, pero una entrevista mencionó cinco.
Otra contradicción estuvo relacionada con las armas. Un agente atribuyó a Baldemar R. L. la portación del arma larga, mientras que otra versión señaló que esa arma la llevaba la persona que escapó.
La defensa también cuestionó que el arma supuestamente utilizada no fuera localizada y que el IPH no explicara claramente su destino.
A ello se sumaron diferencias entre los casquillos reportados inicialmente y la información del análisis balístico, que habría relacionado diez casquillos con una sola arma.
Las descripciones físicas contenidas en las entrevistas tampoco habrían resultado coincidentes.
El IPH no resistió el control judicial
Al resolver, el juez consideró que las inconsistencias no podían tratarse como diferencias menores.
El juzgador señaló contradicciones entre el IPH y las entrevistas, la ausencia del arma presuntamente utilizada y la falta de correspondencia entre la narración policial y los indicios presentados.
También tomó en consideración que el informe policial habría sido llenado posteriormente en las oficinas de la corporación y no de manera contemporánea a la intervención.
Frente a estas inconsistencias, el juez declaró ilegal la detención.
La resolución no significa que Baldemar R. L. haya sido declarado inocente ni determina que el presunto ataque no ocurrió. El juez únicamente concluyó que la privación de la libertad no fue justificada conforme a las exigencias legales.
La Fiscalía conserva la posibilidad de continuar con la investigación y, si reúne datos suficientes, solicitar que la persona investigada sea conducida nuevamente ante un juez mediante los mecanismos previstos en la ley.
El caso plantea una pregunta de rendición de cuentas: ¿por qué la Fiscalía presentó ante el juez una detención sustentada en un informe con contradicciones sobre las armas, las personas participantes, el número de disparos y los indicios balísticos?