Durante años tuvo acceso a las cuentas bancarias, contraseñas, pagos y registros contables de una empresa. Ahora, la Fiscalía lo acusa de aprovechar esa posición para realizar transferencias, préstamos y movimientos sin justificación por más de dos millones de pesos.
Oziel “N” fue presentado ante una jueza de control y quedó imputado por los delitos de abuso de confianza y usurpación de profesión, luego de una denuncia presentada por María Elena Mora Rojas, representante de una empresa dedicada a la comercialización de plantas.
De acuerdo con la imputación, la persona investigada comenzó a trabajar en enero de 2014 y quedó encargada de funciones administrativas: pago a proveedores, manejo de nómina, trámites ante el IMSS, declaraciones fiscales y control de cuentas bancarias.
La denunciante afirmó que en 2021 comenzó a ausentarse por problemas de salud y dejó varias operaciones bajo responsabilidad de Oziel “N”. Al retomar la supervisión, habría encontrado documentos faltantes, desorden administrativo y movimientos bancarios que no reconoció.
Una revisión contable identificó presuntos préstamos, transferencias y retiros sin respaldo documental. El dictamen técnico fijó el posible detrimento en 2 millones 139 mil 80 pesos con 96 centavos.
La Fiscalía también aseguró que Oziel “N” realizaba actividades y se presentaba como contador sin contar con cédula profesional registrada.
Pero el caso todavía no llega a una decisión de fondo.
La persona imputada ejerció su derecho a no declarar y solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas. La jueza deberá decidir en la continuación de la audiencia, programada para el martes 21 de julio a las 9:00 horas, si existen elementos suficientes para vincularla a proceso.
El Ministerio Público pidió además una garantía económica de 100 mil pesos. Argumentó que Oziel “N” había manejado cantidades importantes y que previamente fue difícil localizarlo.
La jueza rechazó la solicitud porque la Fiscalía no demostró un riesgo concreto de fuga. Comparecer ante el tribunal y contar con domicilio conocido fueron factores considerados al evaluar la medida.
Sin embargo, ordenó a la persona imputada no acercarse ni comunicarse con la persona víctima mientras continúa el procedimiento.
La cifra es relevante, pero no resuelve por sí misma el caso. La Fiscalía tendrá que demostrar cuáles movimientos fueron ajenos a la empresa, quién los autorizó, quién recibió los recursos y por qué constituyen una disposición indebida del patrimonio.
Oziel “N” conserva la presunción de inocencia. Será en la audiencia de vinculación donde se determine si enfrenta formalmente un proceso penal.
El caso deja además una pregunta que rebasa la responsabilidad individual: ¿cómo pudieron efectuarse movimientos presuntamente injustificados por más de dos millones de pesos sin que los controles internos detectaran oportunamente lo que estaba ocurriendo?