La Fiscalía General de la República formuló imputación contra el expresidente municipal de Ayala, Antonio Domínguez Aragón, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de metanfetaminas.
Mientras un juez federal calificó de legal su detención, la defensa anunció que presentará videos que, presuntamente, contradicen la versión oficial sobre cómo ocurrió el aseguramiento.
Durante una audiencia celebrada el fin de semana en el Centro de Justicia Penal Federal, el juez de control declaró legal la detención del exservidor público y permitió que la Fiscalía General de la República formulara imputación por los delitos federales que le atribuye.
De acuerdo con el Informe Policial Homologado, agentes de la Guardia Nacional recibieron un reporte sobre una persona armada en el municipio de Ayala.
Según esa versión, los elementos localizaron a un hombre que portaba un arma larga, le dieron seguimiento y posteriormente lo detuvieron. Durante la revisión, presuntamente le encontraron metanfetaminas.
La persona imputada se reservó su derecho a declarar. Inicialmente solicitó la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación jurídica; posteriormente trascendió que la audiencia de vinculación fue diferida a 144 horas para que la defensa incorpore nuevos datos de prueba.
La versión oficial sostiene que la detención ocurrió en flagrancia tras un reporte ciudadano y que el aseguramiento del arma y la droga fue resultado de la intervención de la Guardia Nacional.
Sin embargo, según la información contenida en el reporte, la defensa afirma contar con videograbaciones que mostrarían un escenario distinto: que los agentes ingresaron de manera violenta a un domicilio sin orden de cateo, detuvieron al exalcalde dentro del inmueble y posteriormente lo pusieron a disposición del Ministerio Público Federal en Morelos. Esos videos aún deberán ser valorados judicialmente.
El punto central del proceso ya no se limita a determinar si existían un arma y sustancias ilícitas, sino también si la actuación de las autoridades respetó las reglas constitucionales sobre detención, ingreso a domicilio y preservación de la evidencia.
Si la defensa acredita violaciones al debido proceso o un cateo sin autorización judicial —salvo las excepciones previstas por la Constitución— el juzgado deberá valorar el impacto que esas actuaciones tendrían sobre la legalidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
El caso permanece en investigación. La autoridad judicial aún no determina si Antonio Domínguez Aragón será vinculado a proceso.