A las 12:19 horas del 22 de junio, en la sala dos del Tribunal de Enjuiciamiento con sede en Xochitepec, comenzó formalmente el juicio oral por el feminicidio de Aylin Rodríguez Fernández, estudiante de Psicología de la UAEM.
Antes de abrir el debate, el tribunal pidió ordenar la sala: testigos afuera, familiares en espera, partes listas. La audiencia inició con una precisión técnica: la fecha de un dictamen pericial en criminalística debía corregirse. No era un detalle menor; en un juicio por feminicidio, cada fecha, cada minuto y cada prueba pueden sostener o fracturar una acusación.
Después vino la lectura de los hechos. La Fiscalía sostuvo que el 3 de abril de 2025, Aylin llegó a un domicilio en Jiutepec donde vivía con el acusado, Uriel Q. A., con quien mantenía una relación de noviazgo. Ahí, según la acusación, fue sometida, asesinada y posteriormente su cuerpo fue ocultado en el área de lavado.
La frase que marcó el arranque del juicio llegó desde la Fiscalía:
“No se trata de una víctima más; se trata de una estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.”
La acusación prometió probar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de la persona acusada. La asesoría jurídica fue más lejos: colocó a Aylin no solo como víctima directa, sino como hija, hermana, nieta, sobrina; una joven cuya muerte rompió la estabilidad de una familia entera.
La defensa, en cambio, habló desde otro lugar: el del debido proceso. Recordó que su papel no es negar el dolor, sino vigilar que el juicio no se convierta en sentencia anticipada. Esa fue la primera tensión de la audiencia: de un lado, una familia que exige justicia; del otro, una persona acusada que conserva la presunción de inocencia hasta que el tribunal decida.
El juez le explicó a Uriel que podía declarar, pero que no estaba obligado. También le recordó que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público. El acusado decidió guardar silencio.
Luego apareció otro momento clave: la Fiscalía pidió que la madre de Aylin rindiera testimonio acompañada por una psicóloga. La asesoría jurídica solicitó que esa parte de la audiencia fuera privada, por la información sensible y las imágenes que podrían afectar la intimidad de la víctima y de su familia.
El tribunal aceptó parcialmente: la publicidad del juicio cedió, por excepción, ante la dignidad de las personas víctimas.
Así comenzó el juicio oral por un crimen que sacudió a la comunidad universitaria: no con gritos, sino con fórmulas legales; no con multitudes, sino con silencios pesados. En esa sala, el nombre de Aylin dejó de ser solo una consigna de indignación para convertirse en materia de prueba, memoria judicial y exigencia pública.
Porque en los tribunales, la justicia no empieza con una sentencia. A veces empieza con una silla vacía, una madre esperando declarar y una comunidad que todavía pregunta por qué.
*Con información de Leilani López Castrejón
*Fotografía: «Las nombramos bordando»