Autoridades comunitarias y agrarias de los poblados indígenas de Ocotepec y Ahuatepec solicitaron formalmente la instalación inmediata de mesas permanentes de trabajo con autoridades federales, estatales y municipales, tras denunciar presuntos abusos de autoridad, cateos bajo investigaciones “poco sustentadas”, retenes considerados inconstitucionales y operativos que —según su pronunciamiento— han generado un ambiente de hostigamiento sistemático en ambas comunidades.
El documento, fechado el 18 de mayo de 2026 en Cuernavaca, fue dirigido a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia; al comisionado estatal de Seguridad Pública, José Luis Bucio Quiroz; al fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar; a mandos militares, Guardia Nacional y autoridades municipales de Cuernavaca.
En el escrito, firmado por representantes comunales y ayudantes municipales de Ocotepec y Ahuatepec, las comunidades sostienen que desde hace aproximadamente tres años han enfrentado acciones de corporaciones de seguridad que consideran violatorias de derechos humanos.
De acuerdo con el pronunciamiento leído públicamente por Víctor Manuel Morales Olivares, ayudante de Ocotepec, los señalamientos incluyen presuntas detenciones ilegales, actos de tortura durante aseguramientos, intimidación contra habitantes, instalación de retenes y cateos realizados bajo investigaciones que califican como débiles o insuficientes.
Los representantes comunitarios aseguran que los recientes acontecimientos ocurridos la madrugada del pasado viernes detonaron nuevamente el reclamo social; sin embargo, en los documentos no se detallan carpetas de investigación específicas ni personas imputadas formalmente.
Las comunidades indígenas argumentaron que su exigencia no busca confrontación con el Estado, sino coordinación institucional y respeto a los derechos colectivos reconocidos en el artículo 2 constitucional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Entre sus principales exigencias destacan:
- instalación de mesas permanentes de seguridad y derechos humanos;
- mecanismos vinculantes de seguimiento;
- cese de presuntos actos arbitrarios;
- respeto irrestricto a derechos humanos;
- y estrategias de seguridad basadas en prevención, inteligencia y participación comunitaria.
Mientras las autoridades estatales y federales han sostenido públicamente que los operativos en Morelos buscan combatir delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad regional, los representantes de Ocotepec y Ahuatepec acusan que algunas acciones oficiales han derivado en estigmatización comunitaria y uso excesivo de fuerza.
En el pronunciamiento, las comunidades rechazaron ser señaladas como “zonas rojas” y afirmaron que los índices delictivos y la organización comunitaria contradicen ese discurso.
El contraste central expuesto por los pobladores es que, pese a múltiples reuniones previas con corporaciones de seguridad, aseguran que los acuerdos no han tenido continuidad y que las comunidades vuelven a quedar “abandonadas” institucionalmente.
El caso se desarrolla en un contexto sensible para Morelos, donde en los últimos años han aumentado las denuncias públicas relacionadas con cateos, despliegues militares y operativos conjuntos entre fuerzas estatales y federales.
Legalmente, cualquier operativo de seguridad debe cumplir criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y control judicial, particularmente cuando implica cateos, aseguramientos o restricciones a la movilidad.
Las acusaciones contenidas en el pronunciamiento representan posicionamientos comunitarios y no constituyen prueba judicial definitiva. El caso no cuenta, hasta ahora, con resoluciones jurisdiccionales que acrediten responsabilidades penales de servidores públicos o habitantes de estas comunidades.
La exigencia de Ocotepec y Ahuatepec no sólo coloca sobre la mesa un reclamo de seguridad: exhibe una fractura de confianza entre comunidades indígenas y corporaciones del Estado.
La pregunta sigue abierta:
¿qué autoridad va a transparentar los resultados, fundamentos legales y controles institucionales de los operativos que hoy son señalados por las propias comunidades como actos de intimidación y desgaste social?
Porque el fondo del conflicto no es únicamente la seguridad pública.
Es la forma en que el Estado ejerce el poder sobre territorios históricamente organizados y protegidos por sus propias estructuras comunitarias.
