Una denuncia difundida por familiares de una persona privada de la libertad en el Centro de Reinserción Social de Jojutla señala que, el jueves 26 de marzo, la víctima fue golpeada dentro del penal, trasladada de urgencia a un hospital y reportada en estado grave.
El señalamiento no se limita a una agresión: también acusa amenazas desde la dirección del centro, presunto abuso de autoridad y una posible negativa institucional a reconocer lo ocurrido, según el testimonio contenido en el documento entregado a este medio.
De acuerdo con la denuncia, la agresión ocurrió la tarde del pasado jueves 26 de marzo dentro del penal de Jojutla, Morelos.
La persona denunciante afirma que su hermano fue golpeado, que intentaron estabilizarlo en enfermería y que, al no lograrlo, fue trasladado al hospital mediante un operativo.
Según ese mismo relato, su estado de salud es grave y el personal médico no podía asegurar si sobreviviría.
El documento también sostiene que, al acudir a Recursos Humanos, los familiares no obtuvieron una confirmación clara de lo sucedido y que, por el contrario, percibieron una negativa sobre los hechos.
A la par, refieren que desde el interior del penal les informaron sobre presuntos abusos de autoridad cometidos por directivos.
Entre los señalamientos más delicados está uno contra el director del centro, a quien atribuyen amenazas contra las personas internas para que nadie hablara sobre lo ocurrido.
La denuncia añade otro dato relevante: familiares, amistades y personas de apoyo convocan a una manifestación el próximo jueves afuera del penal para exigir que se les escuche y para visibilizar lo que describen como abusos persistentes dentro del penal de Jojutla.
El testimonio retrata no un hecho aislado, sino una percepción de impunidad y silencio institucional.
Lo que sí existe en el documento es una acusación directa de familiares sobre golpiza, amenazas y una presunta negativa institucional frente a los hechos denunciados.
Si la agresión denunciada ocurrió dentro de un centro penitenciario, el caso activa un foco de máxima gravedad institucional: el Estado tiene deber reforzado de custodia sobre toda persona privada de la libertad.
Eso implica garantizar integridad física, atención médica inmediata, registro de incidentes, trazabilidad del uso de la fuerza y protección contra represalias. Si además hubo amenazas para silenciar testigos, la investigación tendría que contemplar posibles actos de intimidación, abuso de autoridad y encubrimiento, siempre bajo investigación ministerial y administrativa.