Familiares de personas privadas de la libertad en el penal de Jojutla denunciaron presuntos actos de extorsión, violencia física, condiciones insalubres y al menos dos muertes recientes al interior del centro penitenciario.
Las acusaciones apuntan a omisiones del director del penal, Gilberto Castillo Ramírez y a la actuación directa de un jefe de custodios, Jorge Guillermo Sánchez Picazo identificado como “El Campanita”.
De acuerdo con testimonios contenidos en la denuncia, familiares señalan que al interior del penal se estarían cobrando cuotas ilegales por servicios básicos: acceso a visitas, ingreso de alimentos, ropa e incluso traslados internos.
Según estos relatos, las personas privadas de la libertad que no pueden pagar entre 7 mil y 10 mil pesos serían enviadas a áreas de castigo conocidas como “La Loba”, donde —presuntamente— permanecen en condiciones insalubres, con presencia de enfermedades cutáneas como sarna o infecciones por hongos.
Uno de los testimonios refiere que una persona privada de la libertad habría muerto tras ser agredida, presuntamente por negarse a pagar una cuota de 7 mil pesos. Este señalamiento no ha sido confirmado por autoridad competente.
Asimismo, familiares denunciaron que personas adultas mayores que acuden a visitas familiares son sometidas a malos tratos, largas filas y presuntos actos de humillación.
Hasta el momento, no existe un posicionamiento público verificable de la autoridad penitenciaria que confirme o desmienta estos señalamientos.
Dato clave:
Los testimonios coinciden en un patrón: cobros sistemáticos, uso de áreas de castigo y deterioro de condiciones sanitarias.
El caso se encuentra en fase de denuncia pública y testimonios, sin que exista, hasta ahora, información oficial sobre una carpeta de investigación judicializada.
Sin embargo, las denuncias describen posibles violaciones a derechos fundamentales: Integridad personal, acceso a condiciones dignas de reclusión, prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes
Además, de confirmarse, estos hechos podrían configurar delitos como: extorsión, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público
Las denuncias no solo describen violencia: exponen un posible sistema de control interno basado en el dinero.
La pregunta es directa:
¿Quién está supervisando lo que ocurre dentro del penal de Jojutla… y quién va a responder si estas denuncias se confirman?