Ocho personas fueron vinculadas a proceso por presuntos delitos contra la salud tras un operativo en la colonia Bugambilias, en Jiutepec. Pero en audiencia, la defensa sostuvo que el caso arrastra inconsistencias en tiempos de actuación, participación de agentes y firmas en documentos clave del cateo y de las puestas a disposición.
De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía Regional Metropolitana, los hechos ocurrieron el 21 de marzo de 2026, cuando agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), con apoyo federal y estatal, ejecutaron un cateo en una vivienda de la colonia Bugambilias, en Jiutepec.
La autoridad, en un comunicado previo, dio a conocer que en el lugar fueron detenidas once personas y que se aseguraron presuntas dosis de marihuana, cocaína y “cristal”, además de dos básculas digitales.
La propia Fiscalía sostuvo después que sólo obtuvo auto de vinculación a proceso contra ocho personas por delitos contra la salud en modalidad de posesión simple. Según su versión, Humberto H. Q. y Juan Carlos S. A. quedaron con prisión preventiva, mientras que María Alejandra S. H., Ruth Elizabeth C. H., Azucena G. A., Ana Nohemi C. S., Brian José C. R. y Pedro Damian M. P. enfrentarán el proceso con firma semanal y domicilio cierto.
Sin embargo, en la audiencia de vinculación, Noé José Domínguez Méndez, uno de los abogados defensores, abrió otro frente: aseguró que documentos de otras dos carpetas relacionadas ubican a agentes ministeriales realizando detenciones a las 17:51 horas del 21 de marzo y, casi de inmediato, participando en el acta circunstanciada del cateo a las 17:52.
Domínguez Méndez argumentó que algunos agentes habrían permanecido con personas detenidas o incluso trasladándolas a Fiscalía, mientras sus nombres o firmas seguían apareciendo en actuaciones del cateo: uno de los puntos más delicados fue el de Alba Bricia Vázquez Reyes, agente de la AIC.
La defensa expuso que en una carpeta distinta esa agente aparece iniciando una intervención a las 17:51 horas y trasladando a una mujer detenida a Fiscalía, con arribo reportado a las 18:50; al mismo tiempo, su nombre también fue colocado dentro de la narrativa del cateo iniciado a las 17:52 horas. La jueza incluso pidió a la Fiscalía aterrizar ese punto de manera específica durante la audiencia.
A eso se sumó un peritaje privado en grafoscopía ofrecido por la defensa. La perito, Adriana Chávez Avilés declaró que, tras revisar firmas atribuidas a cuatro agentes en anexos de detención, acta circunstanciada e IPH, encontró diferencias de morfología, inicios, finales y desenvolvimiento gráfico, por lo que concluyó que algunas no provenían del mismo puño y letra.
El Ministerio Público respondió que ese estudio carecía de suficiente base comparativa y que las variaciones pueden depender de las condiciones en que una firma fue plasmada.
La Fiscalía sostiene públicamente que el operativo derivó en ocho vinculaciones y presenta el caso como una acción exitosa contra delitos contra la salud.
Pero en el mismo expediente de contexto, revela que otras cuatro personas implicadas en el mismo caso fueron conocidas por jueces distintos: en un asunto se declaró ilegal la detención y en otro, tres personas no fueron vinculadas a proceso.
Lo procesalmente cierto, hasta este momento, es que sí existe una vinculación a proceso para ocho personas. También es cierto que en audiencia la defensa colocó sobre la mesa posibles inconsistencias documentales que apuntan al debido proceso y a la autenticidad de algunas actuaciones.
Eso no equivale a absolución ni a condena. El caso sigue en etapa inicial, bajo investigación y sin sentencia firme.
Si en el mismo operativo ya hubo una detención declarada ilegal y tres personas no vinculadas, y ahora la defensa documenta contradicciones sobre tiempos, agentes y firmas, la pregunta ya no es sólo qué aseguró la Fiscalía, sino quién va a rendir cuentas por la solidez —o la fragilidad— de este caso.
