La Jueza Especializada de Control, Elvia Terán Peña dictó un auto de no vinculación a proceso penal a favor de las ex comisionadas del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Mireya Arteaga Dirzo y Dora Ivonne Rosales Sotelo.

Tras deliberar por varias horas, Elvia Terán resolvió que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) realizó una investigación deficiente, expuso un sólo hecho manipulado, con apariencia de delito, para someter a proceso penal a las ex comisionadas, sin pruebas suficientes.

La denuncia presentada por el Comisionado Presidente del IMIPE, Marco Antonio Albear Sánchez y el Comisionado, Roberto Yáñez Vázquez, más bien se trató de un acto de venganza contra los exservidores públicos que le antecedieron en el cargo.

Para la juzgadora, apenas existen datos de prueba suficientes en contra del ex comisionado, Víctor Manuel Díaz Vázquez, a quien un empleado: Sergio Armando Salinas Leyva dice que era chofer de él y su familia, y cobraba en el IMIPE, pero, aun así, la imputación es endeble.

El hecho que se imputó a los exservidores públicos fue que el 31 de mayo del 2019, Mireya Arteaga y Víctor Manuel Díaz adquirieron de manera “indebida” dos vehículos que eran parte del parque vehicular del Instituto Morelense.

Para acreditar ese dicho la Fiscalía Anticorrupción presentó el peritaje de Gabriela Mendoza Rodríguez, quien nunca tuvo a la vista dichos vehículos y sólo emitió una opinión sobre el valor de estos, pero nunca conoció las condiciones en que realmente estaban.

La Fiscalía no fue más allá, ni presentó un dictamen técnico automotriz para saber las condiciones en que realmente se encontraban los vehículos que finalmente adquirieron, dos de los ex comisionados con un valor de 20 mil pesos pero que de acuerdo con el dictamen de la empresa automotriz su valor era de un peso.

En tanto que la Comisionada, Dora Ivonne Rosales fue imputada porque en su momento no hizo nada por evitar esta situación. ni denunció el hecho, pero para la juzgadora no fue claro el menoscabo o el daño patrimonial que sufrió el IMIPE, ni datos de prueba suficientes en su contra.

La noche del martes 23 de mayo, la juzgadora resolvió no vincular a proceso penal a Arteaga Dirzo y Rosales Sotelo, pero dictó una vinculación a proceso en contra de Díaz Vázquez por el delito de ejercicio abusivo de funciones y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.