La Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado ratificó el fallo emitido por un Juez Especializado de Ejecución, quien calificó: ilegal, el traslado que hizo la Dirección General de Centros Penitenciarios, de 17 mujeres privadas de su libertad, del Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 16.
El 13 de febrero de 2022, el Juez Especializado de Ejecución, Alejandro Becerra Arroyo conoció de la queja presentada por 17 mujeres privadas de su libertad, en el penal de Atlacholoaya, que denunciaron la actuación ilegal de las autoridades penitenciarias por reubicarlas involuntariamente a un penal federal.
La autoridad penitenciaria, bajo el argumento de que el grupo de mujeres internas era un riesgo para la seguridad interna y para la gobernabilidad del penal, decidió trasladar a un penal federal a las mujeres, sin justificación alguna, sólo el dictamen emitido por el mismo centro penitenciario.
El Juez, Alejandro Becerra calificó ilegal el traslado y ordenó el retorno inmediato de las mujeres a Atlacholoaya, pero la autoridad penitenciaria promovió un recurso de apelación que conoció la Sala Auxiliar, conformada por la Magistrada, Bertha Rendón Montealegre y los Magistrados Juan Emilio Elizalde Figueroa y Norberto Calderón Ocampo.
Las autoridades judiciales determinaron que la autoridad penitenciaria debe de respetar el derecho de las mujeres privadas de libertad a compurgar su pena cerca de sus domicilios, para tener contacto con sus familias, como lo establece el articulo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Fue así que, en audiencia celebrada, el mediodía del martes 23 de mayo, el Tribunal de Alzada resolvió, por unanimidad, ratificar la sentencia emitida por Alejandro Becerra porque no hay causas que motivaron su traslado, por ejemplo: un motín o algún antecedente de mala conducta.
Cabe destacar que en la actual administración que encabeza, Cuauhtémoc Blanco Bravo, la autoridad penitenciaria a incurrido en una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, entre los que destacan otros traslados ilegales.