Tres peritajes contradicen la firma atribuida al juez en retiro en un oficio utilizado para cancelar una orden de aprehensión por homicidio.
La Fiscalía Anticorrupción de Morelos llevó ante una jueza una imputación contra Martín Montes García, juez en retiro, pero no consiguió que quedara vinculado a proceso: la juzgadora consideró insuficientes los datos para sostener el caso y valoró tres peritajes que contradicen la atribución de la firma en el documento central de la investigación.
La resolución fue emitida este miércoles 7 de octubre por Consuelo Adriana Correa Ortiz, en la sala 5 del juzgado de Atlacholoaya, en Xochitepec, dentro de la causa JC/395/2026.
El hecho materia de imputación se ubica el 9 de julio de 2019. Según la Fiscalía, cuando Montes García era titular del Juzgado Único en Materia Penal Tradicional, habría firmado el oficio 2700 para comunicar que quedaba sin efectos una orden de aprehensión contra una persona investigada por homicidio calificado.
La representación ministerial sostuvo que el documento invocaba la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento, aunque en las constancias revisadas no se encontraba una resolución judicial que sustentara esas determinaciones. Le atribuyó delitos contra la procuración y administración de justicia cometidos por servidores públicos.
El agente del Ministerio Público Jorge Iván Zamora Basilio presentó, entre otros datos, un dictamen que atribuía la firma a Montes García. La asesoría jurídica, a cargo de Yahir Bahena Reyes, respaldó la solicitud de vinculación.
Sin embargo, la jueza valoró tres peritajes contrarios a esa atribución. Uno provenía del procedimiento administrativo del propio Poder Judicial; otro había sido presentado por Montes García en ese expediente, y un tercero fue incorporado por su defensa en la audiencia.
La juzgadora explicó que las discrepancias entre el oficio y los registros del juzgado tampoco bastaban para atribuirle responsabilidad penal al exjuez. La defensa, además, planteó la prescripción.
El resultado expone una debilidad concreta en el caso presentado por Anticorrupción: la atribución de la firma en la que se apoyaba la imputación no superó la valoración judicial. La jueza también señaló que la Fiscalía no contaba con la totalidad del expediente administrativo del que provenían datos relevantes.
La no vinculación no es una sentencia absolutoria. La decisión establece que los datos presentados fueron insuficientes para vincularlo a proceso en esta audiencia. Una fuente oficial de la Fiscalía Anticorrupción adelanto que impugnará dicha resolución.
La resolución deja preguntas para ambas instituciones: ¿cómo contrastó Anticorrupción su dictamen con los peritajes contrarios? ¿Quién elaboró y tramitó el oficio utilizado para cancelar la orden? ¿Qué verificaciones se hicieron antes de ejecutar esa cancelación?
Investigar posibles irregularidades judiciales exige identificar responsabilidades con datos suficientes. En este caso, la Fiscalía Anticorrupción no consiguió sostener su solicitud de vinculación contra Martín Montes García.