Cada persona imputada se comprometió a aportar 15 mil pesos para la reparación del daño. También deberá cumplir otras condiciones; la persona víctima no se opuso a la salida alterna.
La jueza Adriana Consuelo Correa Ortiz concedió la suspensión condicional del proceso por un año a cuatro policías municipales de Temixco vinculados por su probable participación en el delito de abuso de autoridad. La resolución se dictó en la causa penal JC/690/2025, después del auto de vinculación a proceso.
Las personas imputadas son Gadiel Rojas Díaz, Juan Miguel Hernández Sánchez, Mayra Esbeidi Diego García y Omar Rebollo Guzmán. En la audiencia, la defensa planteó que cada una aportara 15 mil pesos por concepto de reparación del daño. La persona víctima, a través de su representación jurídica, no se opuso a la suspensión condicional.
De acuerdo con la información recabada en la audiencia, la jueza también fijó condiciones relacionadas con capacitación, tratamiento y la prohibición de acercarse a la persona víctima. La Fiscalía Anticorrupción solicitó que el plazo de suspensión fuera de un año y medio, pero la jueza lo estableció en un año, al considerar que la petición de un plazo mayor no estaba justificada.
La Fiscalía informó ayer, mediante un comunicado, que había obtenido la vinculación a proceso de los cuatro policías y que se les habían impuesto medidas cautelares que les permitirían continuar el proceso en libertad.
Según la investigación expuesta por esa institución, los hechos ocurrieron el 21 de abril de 2024, cuando la persona denunciante llegó con un amigo a una tienda de conveniencia en Acatlipa, Temixco. La Fiscalía les atribuye haberla amedrentado, golpeado y detenido aparentemente sin motivo. Esa acusación no ha sido resuelta mediante sentencia.
La suspensión condicional no es una absolución ni una declaración de culpabilidad. El procedimiento queda sujeto al plan de reparación y al cumplimiento de las condiciones durante el plazo fijado. Si se cumplen los requisitos legales, la acción penal puede extinguirse; si hay incumplimientos, la autoridad judicial puede revisar la continuidad de la salida alterna.
El punto pendiente es comprobar el pago de la reparación y el cumplimiento efectivo de las condiciones, así como conocer qué autoridad dará seguimiento e informará a la persona víctima.