La FGR formuló imputación por homicidio calificado y otros delitos. Una familiar sostiene que desde la vivienda no se disparó contra los militares y denuncia golpes a dos detenidos. La vinculación a proceso se resolverá el viernes 25 de septiembre.
Por: El Guardián Mx | Periodismo para la justicia
Un juez federal declaró legal la detención de tres personas relacionadas por la Fiscalía General de la República (FGR) con los hechos en los que murió el sargento segundo del Ejército Mexicano Daniel Servando Jiménez, durante un tiroteo ocurrido la madrugada del sábado 19 de septiembre en Palo Grande, Tlaquiltenango.
En la audiencia celebrada la noche del lunes 21 de septiembre, el juez especializado de control Gustavo Eduardo Alonso Ortiz impuso prisión preventiva a Eduardo C. M., Graciela M. C. y Eduardo C. S. La causa penal es la 304/2026.
De acuerdo con la información recabada de la audiencia, la FGR formuló imputación por homicidio calificado, tentativa de homicidio, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.
Las personas imputadas solicitaron que la decisión sobre su vinculación a proceso se tomara en una audiencia posterior. El juez fijó el viernes 25 de septiembre para resolver su situación jurídica. Hasta entonces, la imputación expresa la acusación inicial de la Fiscalía; no constituye una declaración de culpabilidad.
La versión de una familiar
Una familiar de las personas detenidas, entrevistada por El Guardián MX, cuestionó la versión de que los ocupantes de la vivienda hubieran disparado contra los militares. Afirmó que, según lo que le relataron sus familiares, se encontraban dentro de la casa cuando comenzó el ataque y no tenían armas de fuego.
También denunció que dos de sus familiares fueron golpeados al ser detenidos. Dijo haber observado lesiones cuando pudo verlos posteriormente y señaló dificultades para obtener información sobre su paradero durante las primeras horas.
La entrevistada cuestionó, además, el origen de las armas y sustancias que, según dijo, fueron reportadas como aseguradas. Reconoció que había marihuana en la vivienda, pero negó que sus familiares tuvieran otras drogas o las armas de fuego mencionadas en los reportes que conoció. Estas afirmaciones corresponden a su versión y requieren confrontarse con los registros de aseguramiento, los dictámenes y la postura de las autoridades.
La familiar aseguró que podrían existir grabaciones de cámaras próximas al lugar, aunque indicó que todavía estaban en proceso de obtenerlas. También relató que había personas menores de edad en la vivienda. Para protegerlas, El Guardián MX omite datos que permitan identificarlas.
La declaración de legalidad de la detención resolvió una cuestión concreta de la audiencia inicial. No estableció cómo comenzó el tiroteo, quién efectuó cada disparo ni si ocurrieron las agresiones denunciadas. Esos puntos deberán examinarse con los indicios de la investigación y, en su caso, por las autoridades competentes.
El caso deja dos preguntas de interés público: qué pruebas sostienen la imputación por la muerte del sargento Daniel Servando Jiménez y qué registros permiten esclarecer la actuación de los agentes durante el operativo y las detenciones.
