La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto imputó a María Fernanda B. D. por su probable intervención en una extorsión agravada contra una persona dedicada a la venta de plantas en Cuautla.
La persona investigada permanecerá en prisión preventiva mientras la jueza Alma Patricia Salas Ruiz resuelve, el próximo jueves 24 de septiembre, si será vinculada a proceso.
Durante la audiencia inicial, celebrada el domingo 20 de septiembre en la Sala 5 de la Ciudad Judicial de Cuautla, la Fiscalía presentó mensajes, dictámenes periciales, entrevistas y registros relacionados con la entrega controlada de tres mil pesos.
La resolución sobre la vinculación quedó pendiente porque la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas.
Amenazas e información sobre la familia
De acuerdo con la imputación, la persona víctima comenzó a recibir mensajes y llamadas en los que le exigían distintas cantidades de dinero.
Quienes enviaban las amenazas afirmaban conocer información sobre sus viveros, vehículos, deudas, proyectos y actividades familiares. También habrían mencionado el plantel escolar al que acudían sus hijas.
Por razones de seguridad y para proteger a personas menores de edad, El Guardián MX reserva los números telefónicos, domicilios y demás información que pudiera permitir su identificación.
La Fiscalía sostuvo que el 14 de septiembre fue arrojada al domicilio de la persona víctima una botella con material encendido. Después de este hecho continuaron las amenazas contra su familia y personas empleadas.
Los montos mencionados habrían cambiado durante las comunicaciones. Por ello, no existe en la información expuesta una sola cantidad definitiva: las exigencias oscilaron entre diferentes cifras, mientras se negociaban el plazo y la forma de entrega.
Un pago controlado de tres mil pesos
El 17 de septiembre, la persona víctima acudió a la Fiscalía y manifestó que sólo contaba con tres mil pesos.
Agentes de investigación fotografiaron seis billetes de 500 pesos y registraron sus números de serie. El dinero fue envuelto y colocado dentro de una bolsa de regalo.
Según la exposición ministerial, la bolsa fue entregada a un repartidor solicitado mediante una plataforma digital. El conductor trasladó el paquete a otro punto de Cuautla, donde María Fernanda B. D. presuntamente lo recibió.
Agentes de investigación la detuvieron y aseguraron el paquete y dos teléfonos.
Un dictamen de identificación concluyó, según la Fiscalía, que los números de serie de los billetes asegurados coincidían con los fotografiados antes de la entrega.
Los mensajes encontrados en los teléfonos
La Fiscalía también presentó información extraída de los teléfonos asegurados, después de obtener autorización judicial para intervenirlos en la modalidad de extracción.
De acuerdo con la agente del Ministerio Público, en uno de los equipos se encontraron notificaciones relacionadas con el servicio de reparto y el código necesario para recibir el paquete.
En otro dispositivo se habrían localizado conversaciones sobre la hora en que debía solicitarse el servicio, las características de la bolsa y la manera en que debía presentarse el paquete.
Estos registros constituyen uno de los principales datos con los que la Fiscalía busca relacionar a María Fernanda B. D. con la recepción del dinero.
Sin embargo, corresponderá a la jueza valorar si esos datos permiten establecer, en esta etapa inicial, que la mujer conocía el contenido del paquete y el propósito extorsivo de la operación.
Prisión preventiva y vinculación pendiente
La jueza Alma Patricia Salas Ruiz impuso prisión preventiva oficiosa a la persona imputada, por lo que permanecerá privada de la libertad durante el plazo constitucional.
La medida cautelar no representa una condena ni acredita su responsabilidad penal.
La audiencia continuará el jueves 24 de septiembre, a las 10:30 horas. La defensa podrá presentar datos o argumentos para controvertir la imputación y la jueza decidirá si María Fernanda B. D. será vinculada a proceso.
El caso deja otra pregunta abierta: si la investigación logrará identificar a quienes enviaron las amenazas, obtuvieron información privada de la familia y arrojaron el objeto incendiario, o si la actuación penal quedará limitada a la persona detenida cuando recibió el paquete.
María Fernanda B. D. debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial.