Un juez de control del Poder Judicial de Morelos vinculó a proceso a una persona investigada por el presunto delito de fraude específico, al considerar que existen datos suficientes para sostener que vendió un departamento pese a conocer que el inmueble se encontraba gravado mediante una garantía hipotecaria.
La resolución no constituye una sentencia condenatoria y la investigación continuará durante tres meses.
La resolución fue emitida este lunes 6 de julio durante la audiencia celebrada dentro de la carpeta judicial JC/820/2024.
De acuerdo con los datos expuestos por la Fiscalía y retomados por el juez, la investigación señala que la persona imputada celebró diversos contratos relacionados con un departamento ubicado en la colonia Chapultepec de Cuernavaca.
Según los antecedentes incorporados al proceso, el inmueble fue utilizado previamente como garantía hipotecaria mediante un contrato de mutuo celebrado en marzo de 2016 e inscrito posteriormente en el Registro Público de la Propiedad.
A pesar de ello, la investigación sostiene que posteriormente se formalizó la transmisión del departamento a favor de la persona víctima, quien recibió la posesión material del inmueble.
Años después, el departamento fue objeto de un juicio especial hipotecario promovido por el acreedor, situación que derivó en el desalojo judicial de la compradora durante abril de 2023.
La Fiscalía sostiene que el patrimonio de la persona víctima resultó afectado por aproximadamente 900 mil pesos.
Durante la audiencia, la defensa no controvirtió la solicitud de vinculación a proceso.
Incluso manifestó que la intención de la persona imputada es buscar mecanismos alternativos para reparar el daño económico y solucionar el conflicto.
No obstante, hasta el momento el juez únicamente resolvió la situación jurídica inicial del proceso penal y no sobre una eventual reparación integral.
La vinculación a proceso significa únicamente que existen datos suficientes para continuar investigando.
No constituye una declaración de culpabilidad.
El juez concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual las partes podrán aportar nuevos elementos antes de que la Fiscalía determine si presenta acusación formal o solicita una salida alterna prevista en la ley.