Dos denuncias difundidas desde el interior del penal femenil de Atlacholoaya exponen presuntos actos de violencia, golpes, encierros prolongados y posibles redes de control interno vinculadas a mandos penitenciarios.
Los señalamientos incluyen acusaciones de agresiones físicas contra mujeres privadas de la libertad, supuestas extorsiones y restricciones a internas con hijos dentro de la estancia infantil.
Hasta el momento, no existe postura pública documentada de las autoridades penitenciarias sobre estos hechos.
Los testimonios contenidos en documentos entregados a El Guardián Mx, una interna identificada como Jennifer Yuridian Castañeda Chávez, alias “La Chola”, habría sido señalada como víctima y victimaria dentro del centro penitenciario femenil de Atlacholoaya.
Las acusaciones incluyen referencias directas a personal identificado como Blanca Yadira Ceniceros Alemán, directora del penal femenil y Alejandra del Consuelo Vega Frías, comandanta de turno.
El documento también sostiene que existirían presuntos acuerdos relacionados con el suministro de droga y actos de violencia al interior del penal.
Sin embargo, hasta este momento no existen resoluciones judiciales ni investigaciones públicas confirmadas que acrediten estos señalamientos. Se respeta la presunción de inocencia de todas las personas mencionadas.
En una segunda denuncia, mujeres privadas de la libertad reportaron presuntos encierros prolongados y restricciones incluso para internas con hijos menores dentro de la estancia infantil.
El testimonio refiere que varias mujeres permanecieron encerradas en dormitorios pese a las altas temperaturas registradas en la región.
Las denuncias también señalan presuntos actos de violencia física cometidos por custodias y mandos operativos. Una comandante identificada como Virginia Zepeda es mencionada por las denunciantes como presunta responsable de agresiones y del ingreso irregular de objetos prohibidos.
Además, el reporte sostiene que una mujer identificada como “La Chola” habría sido golpeada dentro de locutorios del penal presuntamente por personal de seguridad, bajo órdenes superiores.
Hasta el cierre de esta edición, ni la Coordinación del Sistema Penitenciario de Morelos ni la autoridad responsable del penal femenil habían emitido información pública verificable sobre las acusaciones difundidas desde el interior del centro penitenciario.
El silencio institucional ocurre mientras las denuncias describen posibles actos que, de confirmarse, podrían implicar violaciones a derechos humanos, uso indebido del poder penitenciario y fallas en los mecanismos de supervisión interna.
Los testimonios también exponen un patrón que ya ha sido denunciado anteriormente en Atlacholoaya: presuntos autogobiernos, violencia interna, control de dormitorios y posibles actos de corrupción dentro de áreas de custodia.
El caso cuenta con información pública sobre carpetas de investigación iniciadas formalmente por la Fiscalía General del Estado de Morelos por posibles actos de tortura y tratos crueles e inhumanos.
Existe evidencia pública de medidas cautelares, impuestas por la Jueza Especializada de Ejecución, Gloria Ángelica Jaimes Salgado respecto de los hechos denunciados en estos documentos.
La situación adquiere relevancia adicional debido a la presencia de niñas y niños dentro del área de estancia infantil del penal, lo que obliga al Estado mexicano a garantizar condiciones de integridad, seguridad y trato digno conforme a estándares nacionales e internacionales en materia penitenciaria y de derechos humanos.
Las denuncias difundidas desde Atlacholoaya vuelven a colocar bajo cuestionamiento el control institucional dentro del sistema penitenciario de Morelos. La pregunta permanece abierta: ¿qué autoridad va a verificar, investigar y responder por los presuntos actos de violencia y abuso denunciados desde el interior del penal femenil?
No se trata únicamente de lo que ocurre dentro de una cárcel. Se trata de cómo responde —o falla— el sistema frente a posibles violaciones de derechos humanos.