Morelos aparece en el último lugar nacional en uso reportado de herramientas digitales para investigación criminal: sólo una de 14. El dato no mide sólo tecnología; exhibe una falla de transparencia, gestión e investigación penal en un estado golpeado por violencia, rezago e impunidad.
De acuerdo con el informe Justicia Digital: tecnología aplicada a la investigación criminal en México, México Evalúa preguntó a las fiscalías estatales por 14 herramientas básicas: gestión de casos, carpetas digitales, huellas, ADN, identificación facial, armas, extracción de celulares, rastreo de IP, cámaras corporales, seguimiento de patrullas, denuncias digitales, apoyos visuales en audiencias y análisis de big data.
El caso Morelos destaca por una razón incómoda: la Fiscalía estatal no respondió la mayoría del cuestionario. Según el reporte, primero sostuvo que las solicitudes no podían formularse como cuestionario; después, al rehacerse en preguntas abiertas, sólo contestó una pregunta sobre denuncias digitales. Las demás no fueron respondidas bajo el argumento de secrecía de la investigación.
Hecho confirmado: Morelos aparece con una sola herramienta digital reportada.
Versión institucional: la Fiscalía invocó secrecía.
Dato que contradice el discurso: México Evalúa precisa que no se pedía información sensible de carpetas ni investigaciones concretas, sino saber si existían herramientas y, en su caso, sus nombres.
El contexto importa. El informe advierte que la tecnología ya no es auxiliar: debe articular la investigación penal desde la captura de datos hasta su uso como prueba en tribunales. También señala que, cuando fiscales, policías de investigación, peritos y analistas trabajan con recursos digitales integrados, se fortalece la solidez de las investigaciones, la confiabilidad probatoria y el acceso a la justicia.
En Morelos, el problema no es menor. Si una fiscalía no transparenta si cuenta con sistemas de gestión, documentación de carpetas, seguimiento de patrullas, cámaras corporales, herramientas forenses o análisis de datos, la ciudadanía no puede evaluar si la institución investiga con método o si sigue dependiendo del expediente de papel.
El propio informe alerta que muchas fiscalías todavía operan bajo una lógica de “expediente escaneado”: acumular oficios, papeles y actuaciones, sin metas claras para resolver casos. Esa práctica, advierte México Evalúa, reduce el impacto de cualquier inversión tecnológica y mantiene investigaciones débiles frente a los tribunales.
La autoridad dice proteger la secrecía.
El informe muestra otra cosa: la opacidad impidió conocer capacidades básicas de investigación criminal. No se pedían nombres de víctimas, imputados, carpetas ni estrategias procesales. Se pedía saber si Morelos cuenta con herramientas mínimas para investigar delitos.
Morelos quedó al fondo del diagnóstico nacional por falta de información y uso reportado de tecnología.