Un documento oficial confirma que autoridades iniciaron una investigación por presuntos actos de tortura contra al menos siete mujeres en el penal de Atlacholoaya, Morelos. Sin embargo, las denunciantes se encuentran incomunicadas, de acuerdo con familiares.
El 13 de abril de 2026, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura inició una carpeta de investigación por posibles actos de tortura cometidos dentro del Centro Estatal de Reinserción Social de Atlacholoaya, en Xochitepec, Morelos.
Según el documento, la indagatoria se abrió tras señalamientos directos en agravio de varias mujeres privadas de la libertad, quienes identificaron a una comandanta de seguridad y custodia como presunta responsable.
La representación social solicitó la realización de diligencias y actos de investigación para esclarecer los hechos, bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul y la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Entre los nombres señalados en el documento aparece el de una comandanta del penal, así como personal operativo. También se menciona la participación de la dirección del centro penitenciario en el contexto de los hechos denunciados.
De manera paralela, familiares de las víctimas reportaron que las mujeres denunciantes se encuentran incomunicadas dentro del penal. Hasta el momento, no existe información oficial que confirme o desmienta estas condiciones.
Discurso institucional:
De acuerdo con el documento oficial, la Fiscalía inició la investigación conforme a protocolos legales y con la intervención de la Unidad Especializada en Delitos de Tortura.
Hechos documentados y denuncias:
Mientras se ordenan diligencias, familiares denuncian incomunicación de víctimas. No hay información pública sobre medidas de protección para las denunciantes.
Sin embargo, la apertura de la carpeta implica que el Estado reconoció la existencia de indicios suficientes para investigar posibles actos de tortura, un delito grave que activa obligaciones específicas de protección a víctimas.
La incomunicación de denunciantes, de confirmarse, podría constituir una violación adicional a sus derechos y afectar el desarrollo de la investigación.
Si las víctimas que denunciaron tortura hoy están incomunicadas, la pregunta es directa:
¿quién está garantizando su seguridad dentro del propio sistema que las investiga?