Cuatro agentes de seguridad y custodia del penal de Atlacholoaya fueron vinculados a proceso penal por delitos relacionados con extorsión, luego de que, según información oficial, intentaran ingresar celulares, chips y presunta droga al interior del CERESO Morelos.
La audiencia se realizó el miércoles 22 de abril de 2026. El juez de control Manuel González Morales determinó que existen datos de prueba suficientes para iniciar proceso penal contra Aldo Jocsan Peralta Vergara, Jesús Ochoa de la Fuente, Juan Jesús Ocampo Olivares y Miguel Ángel Frausto Cruz.
Los cuatro eran agentes activos del sistema penitenciario estatal. De acuerdo con el reporte oficial, fueron detenidos el 14 de abril durante un operativo encabezado por personal vinculado a la Coordinación de Reinserción Social.
Según datos contenidos en el comunicado gubernamental, los custodios presuntamente intentaban ingresar al penal:
- Cuatro teléfonos celulares
- 110 chips con números activos
- Accesorios y equipo de reparación
- Aproximadamente 1.024 kilogramos de sustancia similar a “cristal”
- Tres cuchillos tácticos
- Dos botellas de alcohol
Además, uno de los imputados enfrenta un cargo adicional por hecho ilícito.
Tras la audiencia, el juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. No existe sentencia firme. Se respeta la presunción de inocencia.
El Gobierno del Estado presentó el caso como una acción de control interno para frenar posibles actividades ilícitas dentro del penal.
Sin embargo, los hechos documentados abren una línea crítica:
los objetos asegurados —especialmente celulares y chips— son herramientas recurrentes en esquemas de extorsión desde centros penitenciarios en México.
La propia naturaleza de los indicios no apunta a un hecho aislado, sino a una posible operación estructurada al interior del sistema de custodia.
La vinculación a proceso no acredita culpabilidad.
Implica que el juez encontró elementos iniciales para investigar formalmente el caso.
El proceso entra ahora en fase de investigación complementaria.
Aquí se determinará: si existía una red interna, si hay superiores involucrados o si se trata de responsabilidades individuales.
El riesgo procesal clave es la dilución de responsabilidades dentro de la cadena institucional.
*Con información de Leilani López Castrejón