La gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia, afirmó públicamente que el abogado Carlos Froylán Salazar tiene “elementos delincuenciales”, pese a que no existe sentencia firme en su contra y a que una jueza de control ya resolvió sobre su caso, lo que coloca en tensión el principio de presunción de inocencia.
El señalamiento ocurrió durante su conferencia matutina de este lunes, al ser cuestionada sobre la detención del abogado Carlos Froylán Salazar y los señalamientos de un presunto abuso de autoridad en su detención.
De acuerdo con lo expresado por la titular del Ejecutivo estatal, la defensa legal del abogado no contribuye a la seguridad pública y afirmó que se trata de una persona con “bastantes elementos delincuenciales”.
Sin embargo, hasta el momento: No existe una sentencia firme en contra del abogado y una jueza de control ya emitió una resolución respecto a la situación juridica del abogado.
Estos elementos colocan el caso en un escenario donde cualquier afirmación de culpabilidad resulta jurídicamente anticipada.
El contexto del caso apunta a una detención que ha sido cuestionada por la defensa, particularmente por posibles irregularidades en la actuación de agentes de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
En el sistema penal acusatorio vigente en México, la presunción de inocencia es un principio constitucional que obliga a todas las autoridades a abstenerse de declarar culpable a una persona sin sentencia firme.
La intervención pública de una autoridad ejecutiva en estos términos puede: incidir en la percepción pública del caso y generar presión indirecta sobre operadores del sistema de justicia además de debilitar la confianza en la imparcialidad institucional.
Si una gobernadora anticipa culpabilidad antes de que lo haga un tribunal, la pregunta no es menor: ¿Quién garantiza que el proceso se mantenga imparcial y libre de presión política?