José Alejandro Chávez Carmona, Fiscal de la Zona Oriente de Morelos, con una torta de jamón en la mano derecha y un refresco en el antebrazo, miró venir al reportero.
De pie, en la entrada de la tienda que está frente al edificio de la Fiscalía, la cual encabeza, entre dos agentes armados y su comitiva de confianza, no pudo evadir ser cuestionado.
Parecía tener una gran resaca, sus ojos rojos, opacos y el desvelo así lo revelaba. Trató de disimular y esquivó su mirada hacía el edificio, donde un grupo de familiares de personas desaparecidas mantiene un plantón.
“¿Me concede una entrevista?”, preguntó el reportero.
“¿Sobre qué tema?”, respondió parco.
“Sobre las investigaciones contra servidores públicos de su Fiscalía que son investigados por la Fiscalía Anticorrupción”.
“No tengo conocimiento, eso corresponde investigar a la Fiscalía Anticorrupción y no sé nada al respecto”, dijo Chávez Carmona.
“Pero debería de saber, usted es quien encabeza la Fiscalía en la zona oriente y se trata de personal bajo sus órdenes ¿no?”, insistió el reportero.
Dos de sus cercanos colaboradores: Alberto Flores González y Esli Ali Hernández Reyes, escuchaban atentos el diálogo.
Ellos y otro servidor público de nombre: Gerardo Torcas Jaimes protagonizaron una riña el sábado 17 de abril del presente, en el “Richards Men´s Club” con el personal del establecimiento, porque se negaron a pagar la cuenta.
Una semana después, Flores González y Hernández Reyes, regresaron, pero no iban solos. Llegaron escoltados por un grupo de la Policía de Investigación Criminal y de la Guardia Nacional.
Amparados bajo una orden de cateo, la gente de confianza de José Alejandro Chávez retuvo a 20 sexoservidoras, 10 meseros, personal de seguridad y de la barra.
“El lugar quedó cerrado y con sellos de clausura hasta que las averiguaciones den resultados y se determine si efectivamente hay algún delito que perseguir”, informó un periódico local.
Pero, no es el único caso documentado, existen muchos otros en donde los servidores públicos, con orden de cateo saquean casas e inmuebles de personas relacionadas con delitos contra la salud.