Por Carlos Quintero J.
El día en que Gonzalo Alberto Barquín Granados recobró la libertad del Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, se predijo 24 horas antes.
Jesús Castillo García, periodista judicial, a través de su cuenta de twitter @chuchocastillo anunció su salida:
“Es cuestión de horas para que abandone la cárcel el subsecretario de Protección Civil del @CuernavacaGob, Gonzalo Barquín, quien estaba vinculado a proceso y en prisión cautelar…”.
Su tuit fue demoledor: “…las partes negociaron y llegaron a un acuerdo cuyas condiciones no fueron reveladas”.
Tres meses atrás, el 27 de noviembre de 2020, el Juez de Primera Instancia, Eddie Sandoval Lome aplicó la prisión preventiva a Gonzalo Barquín para garantizar la seguridad de la persona víctima.
En la audiencia de esa fecha, Cristian Isaías Contreras Luna declaró a Sandoval Lome que había sido amenazado de muerte por una persona, identificada como Enrique Guzmán Sánchez, escolta del subsecretario.
Contreras Luna dijo que la amenaza ocurrió el 23 de noviembre de 2020, cuando salió del edificio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en calle Iguala de la colonia Teopanzolco, frente a Protección Civil Municipal, en Cuernavaca.
El 13 de enero, siendo entonces el abogado defensor Javier Valle, pidió a la Jueza en turno, Katie Lorena Becerra Arroyo, una audiencia de revisión para modificar o sustituir la prisión sin condena del servidor público.
Javier Valle argumentó que Barquín nunca tuvo a su cargo ningún escolta y para acreditarlo presento un oficio firmado por el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Armando Nava Sánchez.
Según el oficio firmado, Gonzalo Alberto: “no tiene guardia y custodia a su cargo”.
Valle dijo a los reporteros que lo entrevistaron en la salida del juzgado: “La supuesta persona que hace la amenaza a la supuesta víctima, es una persona que está a cargo de la guardia y custodia del señor Barquín, lo cual no es cierto”.
Pero Katie Lorena Becerra no dio valor probatorio al documento y negó modificar la medida cautelar.
El pasado viernes 26 de febrero, un nuevo jurista asumió la defensa de Gonzalo Alberto: Víctor Javier Hernández Vega, quien solicitó al Juez de la causa otra audiencia para la revisión de la medida.
Hernández Vega ofreció el dictamen de Isamar Frida Herrera de la Vega, perito en criminalística de campo, quien recabó un video del interior de las oficinas de la CFE.
El video interno mostró que la víctima, Cristian Contreras nunca ingresó a las instalaciones de la Comisión y su declaración fue puesta en duda.
Víctor Javier también ofreció la declaración del escolta de Barquín, Enrique Guzmán Sánchez, aquel que no existió en la primera audiencia.
Guzmán declaró ante la autoridad judicial y dijo ser policía, desde hace un año se encontraba adscrito a Protección Civil de Cuernavaca, como chófer de Gonzalo Barquín.
Confronto a Contreras Luna:
“No es cierto, nunca lo he amenazado, yo ni lo conozco, y ese día yo estuve en el Museo de la Ciudad”, declaró ante el juez. Su declaración coincidió con otra testigo: Laura Patricia López Torres, directora del Museo de la Ciudad.
Una vez que se desahogaron las pruebas de la defensa y antes de que el Juez resolviera, Cristian Contreras pidió hablar:
“Lo único que quiero decir es que no he mentido. He estado en calle Iguala. No miento, yo no tengo ningún acuerdo con nadie”, pero el juez lo acotó porque su momento para declarar había pasado.
Visiblemente molesto y un poco exaltado, Eddie Sandoval respondió:
“¡Aquí no vamos a engañar a la opinión pública y mucho menos que mi nombre quede en entredicho!”, el juez lamentó que en redes sociales se comentó sobre una negociación, algo a lo que no se prestaría.
Debido a que la amenaza contra la víctima no se encontraba justificada, el Juez concedió la modificación de la medida cautelar por una firma mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares.
También ordenó la suspensión del cargo de Barquín como subsecretario de Protección Civil de Cuernavaca. Le prohibió acercarse a la persona víctima y al lugar del hecho de lo contrario, otra vez sería recluido en prisión.
El caso aún sigue su curso y falta por conocer los detalles del acuerdo al que llegaron las partes, especialmente el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán.