Carlos Quintero J.

Un juez de ejecución calificó de inadecuada la sanción, de 11 días de aislamiento en una celda de castigo, que la autoridad penitenciaria impuso a Gisela G. O., una mujer privada de libertad, por encontrarle en posesión de un teléfono celular.

Pero no es el único caso, Esperanza E. P., otra mujer privada de liberta, denunció que desde hace dos semanas, la autoridad penitenciaria no les permite realizar llamadas a sus propios familiares y se encuentran incomunicados.

En las audiencias del pasado viernes, ambas mujeres expusieron su versión, ante los jueces Gabriela Acosta Ortega y Daniel Adán Rodríguez Apac, sobre lo que pasa en el área femenil del Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos.

Esperanza E. P. dijo que desde mayo del presente año, no ha recibido atención médica adecuada y le han negado el medicamento, aunado a que tan poco tiene un defensor de oficio asignado para que dé seguimiento a su caso.

En respuesta, la autoridad penitenciaria, en voz de Marisol Solís Rivera, justificó que se encontraban a la espera de una cita y en los próximos días será atendida por un médico especialista.

Tras un debate entre las partes en conflicto, la juez Gabriela Acosta ordenó a la autoridad penitenciaria rendir un informe de seguimiento sobre algunos de los temas expuestos por la mujer interna.

En la segunda audiencia, la defensa de Gisela G. O. expuso al Juez Daniel Adán Rodríguez que el 30 de julio, ella había sido sorprendida en poder de un teléfono celular y por ese motivo fue llevada ante el Comité Técnico.

La autoridad penitenciaria le impuso un castigo de 11 días de aislamiento en una celda de castigo y la suspensión de dos días de visita familiar, sanciones que en opinión de la defensa era excesiva.

Al respecto, Solís Rivera argumentó que el aparato bien puede utilizarse para actividades ilícitas como es la extorsión.

El juez resolvió que la sanción fue desproporcional porque la medida sólo se debe aplicar en caso extremo, por ejemplo: cuando se atenta contra la integridad física. Por ese motivo, Rodríguez Apac impusó un llamado de atención.