En el asunto figura como víctima Juan Carlos Salgado Ponce, hijo del fallecido exsecretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito. La Fiscalía pidió tres meses más; obtuvo uno.
Por: El Guardián Mx | Periodismo para la justicia
El juez César Augusto Galán Delgado señaló dilación y omisiones en la investigación contra Karla Sotelo Miranda y concedió un mes adicional para concluir las diligencias pendientes. La Fiscalía había solicitado tres meses, principalmente para obtener información bancaria y extraer datos de un teléfono asegurado.
La audiencia se celebró el 5 de noviembre de 2026, en la causa JC/1270/2026. En este asunto figura como persona víctima Juan Carlos Salgado Ponce, hijo del fallecido exsecretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito.
El antecedente fue publicado por El Guardián MX bajo el título “Una disculpa, mensajes y 10 mil pesos: la vinculan por extorsión”. En aquella etapa, la jueza Yaredi Montes Rivera vinculó a proceso a Karla por su probable participación en extorsión agravada.
La Fiscalía presentó mensajes y una transferencia de 10 mil pesos como parte de una presunta presión económica. La defensa sostuvo que se trataba de una disculpa y recursos para atención médica y terapéutica. La vinculación no constituyó una sentencia condenatoria.
El caso también se ha difundido en Facebook bajo #justiciaparakarlasotelo, con señalamientos de presunto tráfico de influencias. Estas acusaciones forman parte de la controversia pública; el parentesco de la persona víctima no acredita por sí mismo una intervención indebida en el proceso.
En la audiencia más reciente, de acuerdo con la información recabada por El Guardián MX, Galán Delgado cuestionó que la información bancaria no se hubiera solicitado desde la audiencia inicial y señaló retrasos en el análisis del teléfono.
La representación del Ministerio Público, Gabriela Domínguez Domínguez, argumentó que el equipo estaba bloqueado y requería colaboración para acceder a los datos.
La defensa rechazó que el retraso le fuera atribuible. Afirmó que había ofrecido colaborar y solicitado auxilio judicial para realizar el desbloqueo con participación pericial. El Ministerio Público controvirtió esa versión y sostuvo que el acceso no se había concretado.
El juez concedió un mes adicional y autorizó obtener información bancaria de la persona imputada y de una persona víctima. La defensa objetó que una transferencia formara parte del hecho atribuido; el juzgador consideró justificada la diligencia por su relevancia para la investigación.
También hubo un debate sobre publicaciones en redes sociales. La asesoría jurídica denunció contenidos que, a su juicio, exponían y desacreditaban a las personas víctimas. La defensa invocó la publicidad de la audiencia y cuestionó que el juez pudiera restringir esas publicaciones.
El juzgador distinguió la publicidad de una audiencia del carácter de su registro digital. Señaló que no tenía a la vista el video referido y destacó el resguardo de identidad de las personas víctimas.
Según las notas de cobertura, requirió a la Fiscalía acreditar en 24 horas la formación de una carpeta de investigación relacionada con esa difusión. Este requerimiento no acredita por sí mismo un delito ni la responsabilidad de quien haya publicado.
La audiencia no resolvió los señalamientos públicos de tráfico de influencias ni la responsabilidad penal de Karla Sotelo Miranda, quien conserva la presunción de inocencia.
