La investigación iniciada por la denuncia presentada por la periodista Verónica Bacaz contra el diputado local Rafael Reyes Reyes llegó al Poder Judicial luego de que un juez especializado ordenó a la Fiscalía de Morelos realizar los actos de investigación pendientes, tras analizar las presuntas omisiones denunciadas dentro de la carpeta de investigación.
La resolución revive un caso que, desde su origen, colocó en el centro el ejercicio de la libertad de expresión, la protección a periodistas y el acceso efectivo a la justicia.
La mañana del 9 de julio, en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, se celebró una audiencia de auxilio judicial promovida por la periodista Verónica Bacaz, quien solicitó la intervención de un juez al considerar que la Fiscalía no había realizado todas las diligencias necesarias dentro de la carpeta SC02/1263/2026.
Después de revisar el caso, el juez especializado ordenó que el Ministerio Público continúe con los actos de investigación correspondientes, al analizar las presuntas omisiones atribuidas a la autoridad investigadora.
El origen del expediente se remonta a una denuncia pública difundida por la propia periodista en sus plataformas digitales.
En ese mensaje, Verónica Bacaz afirmó que responsabilizaba al diputado Rafael Reyes Reyes y a otras personas de cualquier agresión que pudiera sufrir ella, su hijo o su familia.
También sostuvo que funcionarios del Gobierno estatal presuntamente le solicitaron retirar un video periodístico en el que exhibía documentos relacionados con presuntas adquisiciones patrimoniales del legislador. Asimismo, pidió la activación del Mecanismo de Protección para Personas Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
En la misma declaración pública, la periodista afirmó que había denunciado penalmente al diputado por presuntos hechos relacionados con violencia en razón de género y señaló que previamente había tenido confrontaciones con él.
También sostuvo que existía un adeudo por un convenio publicitario celebrado con su medio de comunicación. Todas estas afirmaciones forman parte de su denuncia pública y deberán ser corroboradas o descartadas conforme avance la investigación.
El elemento institucional más relevante no es únicamente la denuncia.
Es que un juez consideró procedente convocar a una audiencia para revisar el desempeño del Ministerio Público y, posteriormente, ordenar que continúen las diligencias de investigación.
Es decir, la controversia dejó de ser únicamente el contenido de la denuncia pública y pasó a involucrar el funcionamiento de la propia Fiscalía durante la integración de la carpeta.
CONTEXTO JUDICIAL
Hasta este momento:
- existe una carpeta de investigación;
- existe una denuncia formal;
- se promovió un auxilio judicial;
- un juez ordenó continuar con los actos de investigación.
No existe imputación, audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso ni sentencia en contra del diputado local.
La investigación permanece abierta y debe respetarse plenamente la presunción de inocencia de la persona investigada.
Al mismo tiempo, el Estado mantiene la obligación de garantizar una investigación diligente cuando una persona periodista denuncia hechos que considera relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión.
Más allá de la responsabilidad que eventualmente pudiera o no acreditarse, la audiencia dejó otra interrogante de interés público:
¿Por qué una persona periodista tuvo que acudir ante un juez para que la Fiscalía continuara realizando actos de investigación dentro de una carpeta que ya estaba abierta?
Porque el tema ya no sólo es la denuncia.
También es la capacidad de las instituciones para garantizar acceso efectivo a la justicia cuando quien denuncia afirma haber sido afectada por el ejercicio de la libertad de expresión.