En Morelos, la justicia no solo enfrenta la carga de resolver conflictos: también opera con una estructura que obliga a mirar con lupa su capacidad real. Al cierre de 2024, la entidad registró una tasa de 4.2 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, por debajo de estados como Campeche, Chihuahua y Nayarit, que encabezaron el país en ese indicador, según estadísticas difundidas por el INEGI.
El dato coloca a Morelos en una zona media del país, lejos de las entidades con mayor fortaleza numérica en personal juzgador. Pero el hallazgo no se agota ahí. A nivel nacional, 33.1 % de las personas juzgadoras estatales estaban adscritas a materia penal, una proporción tres veces superior a la familiar y la civil, lo que confirma la presión que sigue recayendo en los órganos que procesan delitos, audiencias y medidas judiciales.
En paralelo, el propio INEGI reportó que durante 2024 ingresaron 2 millones 326 mil 793 expedientes a órganos jurisdiccionales estatales de primera instancia en el país. De ese total, 11 % correspondió a materia penal, mientras que la mayor carga se concentró en materias civil, mercantil y familiar. En el caso de Morelos, el reporte ubica a la entidad con 29 mil 293 expedientes ingresados en primera instancia.
Hay otro dato que no pasa inadvertido: la paridad en la impartición de justicia sigue incompleta. A nivel estatal, menos de 45 % de las personas juzgadoras eran mujeres al cierre de 2024. Aunque hubo avances entre 2016 y 2024, la presencia femenina todavía no rebasa la mitad ni en magistraturas ni en juzgados.
El dato no describe por sí solo el desempeño del Poder Judicial de Morelos, pero sí exhibe el tamaño del aparato que debe responder a conflictos familiares, litigios civiles y causas penales en una entidad golpeada por violencia, impunidad y alta exigencia social de justicia. Es decir: no basta con hablar de autonomía o institucionalidad; también hay que revisar con cuántas personas juzgadoras se enfrenta la carga real de trabajo.
De acuerdo con la información oficial, Morelos no está entre las entidades con menor tasa de personas juzgadoras, pero tampoco figura entre las mejor posicionadas. Y en un estado donde la discusión pública gira constantemente en torno a audiencias, prisión preventiva, violencia feminicida, desapariciones y rezago judicial, ese dato adquiere peso político e institucional.
El contraste es inevitable: mientras el discurso institucional suele defender la solidez del sistema de justicia, las cifras muestran que la capacidad humana para resolver asuntos sigue siendo limitada frente a la demanda social. El caso no apunta a una responsabilidad individual de las personas juzgadoras, sino a una pregunta estructural: ¿alcanza el número de juzgadores para responder con oportunidad, imparcialidad y profundidad a la crisis de justicia que vive Morelos?
La estadística no dicta sentencias, pero sí lanza una advertencia pública: cuando la carga crece y la capacidad institucional no despega al mismo ritmo, el riesgo lo pagan las personas justiciables, las víctimas y también quienes esperan una resolución pronta. En Morelos, la discusión ya no debería ser solo cuántos expedientes entran al sistema, sino si el sistema realmente tiene con qué responderles.