La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) formuló imputación por el delito de extorsión agravada contra tres servidores públicos del Ayuntamiento de Amacuzac y un civil identificado por autoridades como presunto enlace del grupo criminal “Familia Michoacana”, en un caso donde la presunta víctima es el propio alcalde del municipio.
De acuerdo con información judicial recabada, la investigación involucra a Azucena Ortega Pérez, síndica municipal; Patricia Cambray Montufar, regidora; Bladimir Alejandro Vargas Albavera, así como a Carlos “C. J.”, señalado por las autoridades como presunto mando y enlace de la organización criminal conocida como Familia Michoacana.
El caso tiene como presunta víctima al actual presidente municipal de Amacuzac, Noé Reynoso Nava, quien habría presentado la denuncia que dio origen a la investigación.
La audiencia inicial comenzó a las 15:30 horas, ante la jueza especializada de control Jenny Méndez, quien determinó que el desarrollo de la diligencia se realizara de manera privada.
La decisión generó inconformidad entre las defensas de las personas imputadas. Los abogados manifestaron durante la audiencia que la solicitud de la Fiscalía para restringir el acceso público no fue debidamente fundada ni motivada, señalando que la medida limita la publicidad del proceso judicial.
El carácter privado de la audiencia implica que los detalles de la imputación y los argumentos expuestos por las partes quedan restringidos al ámbito procesal, una decisión que en ocasiones se adopta en casos relacionados con delincuencia organizada o seguridad de las partes, aunque también puede generar cuestionamientos en torno al principio de transparencia y publicidad de los actos judiciales.
Hasta el momento, se conoce que la juzgadora impuso la medida cautelar de prisión preventiva a las cuatro personas y será el próximo lunes cuando se desahogue la audiencia de vinculación a proceso penal. Mientras tanto, las personas señaladas mantienen su presunción de inocencia conforme al marco constitucional y a las garantías del debido proceso.
