Un ex agente de la Policía Federal Ministerial fue condenado a cuatro años de prisión por portación ilegal de arma de fuego, luego de admitir su responsabilidad en un procedimiento abreviado ante un juez federal. El caso expone el uso de beneficios legales que permiten reducir penas, bajo supervisión judicial y con respeto al debido proceso.
De acuerdo con la resolución emitida por un Juez Especial de Control del Centro de Justicia Penal Federal, José Alberto Posada Romero fue sentenciado a cuatro años de prisión y al pago de una multa equivalente a 67 Unidades de Medida y Actualización.
El exservidor público fue detenido el 21 de abril de 2025 en la colonia Cuauhnáhuac, en Cuernavaca, junto con Jorge Francisco B. N., durante un operativo realizado por soldados del Ejército y agentes de la Guardia Nacional.
Según la acusación, ambos viajaban en un vehículo Toyota Yaris cuando fueron interceptados en la esquina de las calles Adelfa y Jacarandas. Durante la revisión, a José Alberto Posada se le aseguró una pistola Glock calibre 9 milímetros, abastecida con 15 cartuchos útiles, mientras que su acompañante portaba una carabina calibre .223 con 16 cartuchos y un cargador adicional.
En audiencia, José Alberto renunció a su derecho de ser juzgado por un tribunal y aceptó su responsabilidad, lo que permitió al juez dictar sentencia mediante un procedimiento abreviado, figura legal que implica la admisión de los hechos a cambio de una pena reducida.
Ambos imputados optaron por este mecanismo con el objetivo de acceder a una pena mínima y eventualmente a beneficios que permitan la sustitución de la sanción. Sin embargo, en el caso de Jorge Francisco, el juez no avaló la pena propuesta al considerar que los parámetros no eran acordes con la gravedad del delito.
El juzgador determinó que la sanción planteada estaba fuera de los márgenes razonables y reprogramó la audiencia para el próximo 19 de marzo, a fin de revisar nuevamente el planteamiento de pena.
La resolución confirma que, aun cuando la ley contempla mecanismos para abreviar procesos y reducir sanciones, estos deben cumplir criterios de proporcionalidad y legalidad. El caso continuará abierto respecto al segundo implicado, mientras que la sentencia contra el ex agente federal queda firme bajo los términos establecidos por el juez.