El próximo miércoles 11 de febrero, una jueza especializada definirá la situación legal de Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, ex tesorero del municipio de Cuautla, imputado por presunto peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones, tras señalamientos por el desvío de recursos provenientes del pago del impuesto predial.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción durante una audiencia privada, los hechos investigados habrían ocurrido entre el 1 de enero y el 25 de marzo de 2025, periodo en el que presuntamente se desviaron alrededor de 12 millones de pesos a una cuenta no oficial, recursos que correspondían al cobro del predial en Cuautla.
La resolución estará a cargo de la Nallely Sosa Cortes, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en contra del exfuncionario municipal. La audiencia será clave para definir las medidas que enfrentarán las personas señaladas, en un caso que ha generado atención pública por el monto y origen de los recursos involucrados.
La defensa de la persona imputada sostuvo que Dionicio Emanuel Álvarez dejó el cargo de tesorero el 7 de marzo de 2025, argumento que buscará hacer valer junto con otras irregularidades durante la audiencia correspondiente, en defensa de sus derechos y del debido proceso.
En el mismo expediente se investiga la posible participación de otros tres excolaboradores: Rafael H., Luis O. y Gerardo G., quienes habrían tenido relación con las operaciones financieras bajo análisis.
Según información confirmada por fuentes cercanas al caso, el extesorero fue asegurado alrededor de las 16:30 horas en la comunidad de Alpuyeca, municipio de Xochitepec, cuando viajaba acompañado de su chofer, identificado como Morán.
Adicionalmente, Dionicio Emanuel Álvarez es investigado en al menos otros dos asuntos, entre ellos un caso relacionado con la venta de terrenos del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo. Hasta el momento, la Fiscalía Anticorrupción no le ha permitido conocer la carpeta correspondiente, situación que mantiene abierto el debate sobre el acceso a la información y las garantías procesales en investigaciones de alto impacto.