En medio de dos aseguramientos relevantes realizados en el estado —un narcolaboratorio industrial y una bodega de estupefacientes— surgieron denuncias formales contra personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por presuntos hechos de abuso de autoridad, robo, tortura y tratos crueles.
La coincidencia entre ambos casos, ambos derivados de cateos, ha encendido críticas sobre la transparencia, legalidad y controles internos de los operativos ejecutados en Morelos.
El caso más reciente ocurrió el 16 de noviembre en Yautepec, donde autoridades de la AIC, SSPC, Ejército, Guardia Nacional y FGR aseguraron una bodega concentradora de droga ubicada en el área de “Rancho Nuevo”, en la colonia 13 de Septiembre.
En el sitio decomisaron 127 kilos de sustancia sólida cristalina, polvo similar a cocaína, precursores químicos y un revólver calibre .38, entre otros objetos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.
Este aseguramiento se dio a apenas 11 kilómetros del narcolaboratorio industrial desmantelado en octubre, el cual —según informes— tenía la capacidad de producir una tonelada de “cristal” al mes. Ambos inmuebles habrían estado activos recientemente, pese a que uno de ellos ya había sido cateado en 2015 por fuerzas federales.

Simultáneamente, surge una denuncia contra agentes ministeriales
En paralelo a estos operativos, Francisco Javier D. C., víctima denunciante, presentó la carpeta de investigación SC01/12438/2025, en la que acusa a agentes de la PIC de: robo de vehículo, abuso de autoridad, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes
La denuncia detalla que los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre durante un cateo relacionado con investigaciones de la propia Fiscalía de Robo de Vehiculos. El denunciante solicitó la intervención de periciales para inspeccionar y valuar daños en cuatro vehículos asegurados, incluyendo un Audi A4, un Nissan March y una Ford Lobo. La carpeta incluye el señalamiento expreso de malos tratos y de un uso indebido de la fuerza.
En el caso ligado a esta misma estructura operativa, un juez especializado de control declaró ilegal la detención de dos personas presuntamente vinculadas a actividades criminales en la colonia Satélite de Cuernavaca. Esa resolución fortaleció los cuestionamientos sobre los métodos utilizados por agentes durante los cateos.
Cuestionamientos públicos al secretario Urrutia

Durante la conferencia de prensa del 19 de noviembre, se cuestionó al secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, sobre la reincidencia de inmuebles asegurados, la integridad de los decomisos y las denuncias por abusos. Urrutia respondió que:
- Es derecho de cualquier detenido solicitar el protocolo de Estambul.
- La defensa suele alegar tortura para invalidar procedimientos.
- La droga asegurada será destruida en próximas fechas bajo supervisión militar.
- El inmueble cateado habría sido utilizado nuevamente recientemente, según inteligencia estatal.
Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la carpeta por tortura y abuso de autoridad contra elementos de la PIC.
Una constante: operativos con resultados contundentes… pero procedimientos cuestionados
La coincidencia entre cateos con grandes aseguramientos y denuncias de violaciones a derechos humanos mantiene abierto el debate sobre la actuación de las corporaciones involucradas. Organizaciones y especialistas han señalado que la legitimidad de estos golpes contra la delincuencia depende no sólo de los decomisos, sino de procesos claros, legales y verificables.
Mientras tanto, en Morelos, la tensión crece: por un lado, cifras históricas de aseguramientos; por el otro, señalamientos formales que podrían comprometer la validez de los mismos y la confianza pública en las instituciones de seguridad.