Laura Joselyn de la P. D. y Juana A. G. denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) presuntas irregularidades en la investigación del homicidio de Luis Gerardo G. A., ocurrido el 17 de agosto de 2025 y atribuido a tres agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).
El caso se vincula con la carpeta SC01/9350/2025, integrada por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE). De acuerdo con el testimonio de las comparecientes, el crimen ocurrió alrededor de las 22:00 horas en una gasolinera ubicada en el municipio de Xochitepec, donde cámaras de videovigilancia captaron el momento en que uno de los agentes dispara por la espalda a la persona víctima.
Las denunciantes relataron que, un mes después de los hechos, acudieron a las oficinas de la FGE para solicitar información sobre el avance de la investigación. Sin embargo, personal ministerial les informó que la carpeta había sido turnada a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, sin que existiera registro oficial de dicho expediente en el sistema.
Posteriormente, fueron atendidas por la licenciada Soraya Marina Tejeda Estrada, quien —según su declaración— aseguró no tener conocimiento de ninguna carpeta con ese número y les pidió regresar “en una semana”. A pesar de acudir nuevamente acompañadas de un abogado, no recibieron información ni avances sobre el caso.
Laura Joselyn, viuda de la víctima y madre de dos niños, señaló que la Fiscalía no le ha reconocido la calidad de víctima ni los derechos que la ley le otorga, lo que la ha dejado en una situación de indefensión emocional y económica.
Ante ello, las comparecientes solicitaron la intervención de la CDHM para que se investiguen posibles omisiones y violaciones a sus derechos humanos, derivadas de la actuación de las autoridades ministeriales.
Las denunciantes subrayan que, pese al tiempo transcurrido desde el homicidio, no se les ha informado sobre el estado actual de la investigación, aunque ya se han identificado a los agentes presuntamente involucrados.
El caso revela deficiencias estructurales en la atención a personas víctimas y familiares, así como falta de transparencia y seguimiento en las investigaciones ministeriales.
La CDHM informó que analizará la documentación y testimonios presentados para determinar si hubo violaciones a los derechos humanos por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y en su caso, emitir las recomendaciones correspondientes.