En el rostro de Iliana Mónica Rojas Rubí, el tiempo ha dejado huellas de resistencia. Tiene 51 años y habla con la serenidad de quien carga sobre los hombros quince años de lucha contra un muro invisible, construido a base de influencias políticas, corrupción y miedo.
Originaria de Cuernavaca, madre soltera en sus inicios de este conflicto, su vida quedó marcada desde 2010, cuando fue despedida injustificadamente de un call center perteneciente a la familia de Juan Carlos Salgado Ponce, hoy ligado al poder político y al linaje que controla espacios clave en el Estado de Morelos.
“Todo empezó por tres meses de sueldo que me negaron —30 mil pesos—, pero se transformó en una historia interminable de abusos y evasiones”, recuerda. Su relato no es solo la crónica de un juicio laboral; es la radiografía de un sistema que niega justicia a los ciudadanos comunes cuando el adversario tiene apellido y conexiones.
El juicio sin fin
En 2014, cuatro años después de su despido, Iliana recibió el primer fallo a su favor. La victoria, sin embargo, fue efímera: Salgado Ponce se volvió inlocalizable y el proceso quedó varado. Para entonces, él ya ocupaba una secretaría en el gobierno de Graco Ramírez. Vinieron los amparos, las nulidades, las apelaciones: una danza procesal de más de una década que solo tuvo un respiro en 2022, cuando la Suprema Corte le cerró la puerta al último recurso de Salgado, señalando incluso la intención manifiesta de dilatar la justicia.
El triunfo jurídico parecía al alcance de la mano, pero lo que siguió fue aún más oscuro. Al intentar ejecutar el laudo y señalar bienes, Iliana descubrió maniobras de ocultamiento patrimonial: propiedades movidas, registros alterados y un laberinto burocrático diseñado para desgastar. Fue entonces cuando denunció insolvencia fraudulenta, dando inicio a una nueva batalla, esta vez en la Fiscalía de Morelos.
La carpeta que se esfuma
El expediente que debía ser su respaldo se convirtió en un campo minado. “He notado que desaparecen hojas de actos de investigación”, asegura. Ministerios Públicos cambiados tres veces, informes imprecisos del Registro Público y del Registro Civil, funcionarios que niegan evidencias obvias, y abogados que abandonan el caso por miedo a represalias.
La voz de Iliana se quiebra apenas un instante cuando confiesa que abogados de renombre le negaron sus servicios porque, de continuar, la Fiscalía les fabricaría delitos. A ella también la advirtieron: cualquier paso en falso podría costarle un proceso inventado. “Me quedé sola, gestionando como víctima coadyuvante los actos de investigación. Todo lo he tenido que hacer yo”.
El peso del poder
Los nombres que se cruzan en esta trama son pesados. Juan Carlos Salgado Ponce, expatrón y demandado, hoy respaldado por las estructuras políticas. Su padre, Juan Salgado Brito, actual Secretario de Gobierno, señalado por Iliana como su verdadero victimario. Y detrás, la Fiscalía bajo la sombra de Edgar Maldonado, donde —según su testimonio— existe un fiscal sin oficina, encargado de frenar las carpetas “clasificadas”.
Las puertas institucionales también se cerraron. Tocó la del Congreso local, la de la Comisión de Derechos Humanos, la del Centro de Justicia para la Mujer. “Me escuchaban, pero no me atendían”, repite como un mantra que describe la soledad de quien enfrenta a un clan político. Incluso buscó a la actual gobernadora, Margarita González Saravia, sin respuesta.
La simulación de la justicia
Hoy, la carpeta sigue sin judicializarse. Nueve meses de promesas incumplidas y un Ministerio Público que le responde con evasivas. Para Iliana, la justicia en Morelos es una simulación de actuaciones: trámites que no avanzan, oficios que se pierden, respuestas huecas.
En ese pantano, lo más hiriente llegó disfrazado de negociación. El pasado 15 de agosto, asegura, Juan Carlos le ofreció apenas el 10% del laudo ganado. Una burla más en un proceso que inició por dignidad y que ahora simboliza, para ella, la podredumbre de un sistema.
Entre el miedo y la resistencia
Iliana no esconde su temor. Reconoce que hablar puede costarle caro: “A veces me da miedo decir las cosas por las repercusiones que tiene”. Sin embargo, sigue adelante, apoyada por familiares y conocidos que, en silencio, le recuerdan que su causa es justa.
Hay en su discurso una mezcla de fatiga y dignidad. Fatiga de arrastrar un conflicto que ya es parte de su vida; dignidad de no aceptar migajas cuando lo que reclama es un derecho. En el fondo, su historia trasciende los 30 mil pesos originales: se ha convertido en un pulso desigual entre el ciudadano común y los tentáculos del poder político en Morelos.
Epílogo: el eco de una lucha
La voz de Iliana Mónica Rojas Rubí no es solo la de una mujer despedida y burlada por la burocracia. Es también la de muchas víctimas que enfrentan la violencia institucional, la corrupción judicial y el tráfico de influencias.
Su relato interpela a la sociedad: ¿qué significa justicia cuando la ley se acomoda al poderoso? ¿Qué valor tiene un fallo de la Suprema Corte si los ministerios públicos pueden enterrarlo en un archivero polvoso?
Ella insiste en que no busca venganza, sino el reconocimiento pleno de un derecho negado. Y en esa insistencia se revela la paradoja: la justicia que nunca llega, pero que sigue siendo exigida con la misma voz, la misma fuerza, quince años después.
