El Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021: Resultados destacados y tendencias, revela que Morelos cayó en materia de justicia civil, justicia penal, justicia laboral y de salud pública. Ocupa el lugar 30 de las 32 entidades del país.
El proyecto de justicia, elaborado por el equipo de investigación del World Justice Project, tiene el objetivo de presentar un panorama completo de las tendencias, fortalezas y debilidades institucionales sobre el Estado de Derecho en el mundo.
En su tercera edición, el equipo de investigación evaluó ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de Derecho, entre ellos: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales.
Además de: orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal; aspectos que fueron evaluados de una escala de 0 a 1 donde 1 significa mayor adhesión al Estado de Derecho.
En este tenor, Morelos obtuvo una evaluación de 0.36. Se halla en uno de los tres últimos lugares de los estados de la República Mexicana, sólo por arriba de Quintana Roo y Puebla que tuvieron 0.34 y 0.35, respectivamente.
Los estados con puntajes más altos en el Índice fueron: Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44).
En la mayoría de los estados, las instituciones de justicia se vieron afectadas por la pandemia del COVID-19 y la aplicación de las medidas sanitarias además de un debilitamiento de la libertad de prensa y una reducción del espacio cívico.
El principal reto en materia de Estado de Derecho durante la emergencia sanitaria fue el sistema de justicia penal y en Morelos retrocedió, al igual que en otros 15 estados del país.
Los indicadores con descensos más marcados fueron los que evalúa la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia y mide el respeto al debido proceso de las personas acusadas de algún delito, explica el Índice.
“Los datos sugieren que los sistemas de justicia penal se vieron afectados por la falta de medidas oportunas y propicias de Justicia Abierta y Digital que facilitaran el acceso a la ciudadanía por medios remotos y colaborativos”, dice.
El informe también revela:
“Por tercer año consecutivo, el indicador peor evaluado en la mayoría de las entidades federativas fue aquel que mide la efectividad en las investigaciones de la policía y del ministerio público”.
Finalmente, los datos del Índice muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico, al respecto expone:
“A pesar de esta disminución, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los contrapesos más efectivos del poder ejecutivo estatal por tercer año consecutivo, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos”.