El Tribunal Superior de Justicia de Morelos revocó resoluciones que declaraban ilegales varios traslados de personas privadas de la libertad desde el Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos a centros federales, al considerar que los internos representaban un alto riesgo de ingobernabilidad y requerían medidas especiales de seguridad.
El Pleno de la Sala del Primer Circuito Judicial resolvió el recurso de apelación 79/2025-9-4-OP interpuesto por el Director General de Reinserción Social, defensores públicos y particulares, así como varios internos, en contra de las resoluciones del Juez Especializado en Ejecución de Sanciones que, entre octubre y noviembre de 2024, calificó como legales o ilegales distintos traslados involuntarios.
De acuerdo con el fallo, el juez de primera instancia no valoró adecuadamente los informes del Comité Técnico del penal de Atlacholoaya, que documentaban conductas de alta peligrosidad, actos de autogobierno y riesgos para la gobernabilidad del centro. Para el Tribunal, estos elementos encuadraban en las excepciones previstas en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que permiten traslados sin autorización judicial previa en casos de delincuencia organizada o riesgo para la seguridad penitenciaria.
El órgano colegiado destacó que Atlacholoaya, catalogado como de mediana seguridad, enfrenta sobrepoblación y condiciones que dificultan el control interno, lo que justifica el envío de personas internas a centros federales con infraestructura y personal adecuados.
Los magistrados también rechazaron los argumentos de internos y defensores que alegaban violaciones al derecho de audiencia y falta de fundamentación. Señalaron que el procedimiento incluyó control judicial posterior, conforme a la ley y a jurisprudencia de la Suprema Corte, y que los traslados se sustentaron en estudios técnicos de personalidad, seguridad y conducta.
En consecuencia, el Tribunal confirmó la legalidad de los traslados involuntarios que ya habían sido avalados y revocó las resoluciones que los habían declarado ilegales, ordenando que los internos permanezcan en los centros federales asignados. La decisión se basó en la necesidad de preservar la seguridad, la gobernabilidad penitenciaria y la protección de la población interna y del personal.
Con esta resolución, el Poder Judicial de Morelos respalda el uso de traslados excepcionales como herramienta para enfrentar la ingobernabilidad y el riesgo en los centros penitenciarios, siempre bajo revisión judicial y con apego a derechos humanos.