Ante las críticas por recientes liberaciones de personas detenidas en flagrancia, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, Juan Emilio Elizalde Figueroa, rechazó la existencia de una “puerta giratoria” en el Poder Judicial y responsabilizó a la Fiscalía y cuerpos policiacos por integrar mal los casos.
En conferencia de prensa, el Magistrado Presidente del TSJ, Juan Emilio Elizalde, defendió la actuación de jueces locales ante la controversia pública generada por la liberación de personas detenidas presuntamente en flagrancia, como en los casos de los seis jóvenes del Porvenir y otros diez relacionados con actividades de narcotráfico.
Elizalde negó que exista una “puerta giratoria” en el Poder Judicial y aseguró que los jueces actúan con base en lo que dictan la ley y la Constitución. Afirmó que todas las resoluciones judiciales están sujetas a revisión, apelación y, si se detectan irregularidades, pueden derivar en procedimientos ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del propio Tribunal.
“Las resoluciones de los jueces deben estar fundadas y motivadas. Si no es así, hay consecuencias. Pero la función del juez no es dar gusto a ninguna autoridad, sino aplicar el derecho conforme a la ley”, subrayó.
Respecto a las críticas del secretario de Seguridad estatal, el magistrado evitó confrontarse, aunque sí señaló que si las detenciones no cumplen los requisitos legales —como órdenes de cateo debidamente emitidas o informes policiales bien integrados— los jueces están obligados a desechar pruebas obtenidas ilegalmente.
Elizalde también reveló que una de sus principales preocupaciones al asumir el cargo fue regularizar la situación de los jueces interinos, quienes en muchos casos fueron nombrados sin concurso público, lo que —según él— puede generar presiones indebidas y comprometer su independencia. A la fecha, existen 23 plazas de jueces interinos que no han sido concursadas por falta de tiempo y de condiciones institucionales, lo que limita las capacidades del Poder Judicial.
El magistrado llamó a las instituciones de seguridad y procuración de justicia a cumplir con los procedimientos establecidos para evitar que las fallas en la integración de carpetas deriven en liberaciones.
Finalmente, subrayó que el Poder Judicial no busca conflictos ni protagonismos, pero sí se mantendrá firme en la defensa de los derechos humanos, incluso de las personas acusadas de delitos: “Todos tienen derechos, incluso quienes han delinquido. Nuestro deber es protegerlos, no prejuzgar”.
El presidente del Tribunal reiteró que hasta el momento no ha recibido quejas formales de la Fiscalía ni de la Secretaría de Seguridad en contra de los jueces que resolvieron estas liberaciones, y que serán los recursos legales, no las declaraciones públicas, los que definan el rumbo de los casos en curso.