La Fiscalía General del Estado de Morelos enfrenta señalamientos por presuntamente entorpecer la investigación de una denuncia por extorsión, lo que podría derivar en violaciones graves a los derechos humanos del denunciante, Luis Eliseo Arteaga Uribe.
Según documentos judiciales, Arteaga Uribe presentó una denuncia en abril de 2024 ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelos, la cual posteriormente fue remitida a la Fiscalía estatal para su atención.
No obstante, el denunciante acusa a la exagente del Ministerio Público otrora titular de la Fiscalía Foránea de Xochitepec, Elizabeth Almazán Mendoza, de negligencia al no investigar adecuadamente y retrasar de manera injustificada el caso, configurándose presuntos delitos de encubrimiento por favorecimiento y omisiones en el cumplimiento del deber legal.
El afectado promovió un juicio de amparo indirecto ante el Juzgado Tercero de Distrito, debido a que desde enero de 2025 solicitó formalmente se le reconociera su calidad de víctima, petición que la autoridad omitió atender oportunamente.
En su demanda de amparo, Luis Eliseo Arteaga expone claramente la afectación a su derecho fundamental al acceso a la justicia, consagrado en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La denuncia, según afirma Arteaga Uribe, inicialmente trató sobre una extorsión atribuida a servidores públicos del estado de Tlaxcala, y posteriormente, fue incorrectamente manejada bajo los delitos de amenazas y daños, diluyendo así la gravedad original de la acusación y mostrando posibles conductas ilegales de las autoridades involucradas.
Además, el denunciante señala haber solicitado una aclaración formal por parte de la Fiscalía ante irregularidades en documentos oficiales, específicamente respecto a la errónea designación de la autoridad competente en materia de atención a víctimas.
En este contexto, Arteaga ha solicitado la intervención del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Leonel Díaz Rogel para investigar las presuntas irregularidades cometidas por los funcionarios involucrados, enfatizando que estas acciones han obstaculizado gravemente el acceso a la justicia y fomentado la impunidad en Morelos.
Se espera que la Fiscalía estatal y las autoridades judiciales involucradas respondan oficialmente a estas acusaciones, ya que el caso podría sentar precedentes importantes en la lucha contra la corrupción y la garantía de los derechos humanos en la entidad.