Ante la parálisis del Tribunal Superior de Justicia, el Congreso de Morelos declaró agotado el procedimiento de designación y reconoció como presidente a Juan Emilio Elizalde Figueroa. La medida busca restablecer la operatividad del Poder Judicial en tanto entra en vigor la nueva Ley Orgánica.
Luego de 25 intentos fallidos por parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos para designar a su nuevo presidente, el Congreso del Estado intervino y emitió el Decreto 341 con el que formaliza la designación del magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa como titular del órgano judicial hasta el 31 de agosto de 2027.
La medida se ampara en el agotamiento del procedimiento establecido en la disposición décima segunda transitoria del Decreto 165, el cual preveía un mecanismo excepcional para la elección del nuevo titular del TSJ. Según el Congreso, la falta de consensos y de quórum para sesionar impidieron la conclusión del proceso dentro del Pleno del Tribunal.
Elizalde Figueroa había sido elegido originalmente como coordinador de los trabajos de designación por mayoría del Pleno, pero ante la imposibilidad de completar el procedimiento, el Congreso optó por reconocer su presidencia para garantizar la continuidad institucional del Poder Judicial.
El decreto también establece reglas provisionales sobre quórum y votación, dada la derogación de normas anteriores por la reforma judicial. Se determinó que el Pleno sesionará con la mitad más uno de sus integrantes, y que el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Además, se ordena una sesión extraordinaria para que Elizalde Figueroa rinda protesta formal ante el Pleno.
La intervención legislativa se justifica como una respuesta a un vacío normativo y a un riesgo de acefalía institucional que, de prolongarse, podría afectar gravemente la impartición de justicia en el estado.
Con esta decisión, el Congreso cierra un capítulo de incertidumbre judicial en Morelos, pero abre otro: el reto de construir una nueva Ley Orgánica que evite futuras crisis de gobernabilidad en el Poder Judicial.