Jesús Edgar G. J., identificado por las autoridades como líder de un grupo delictivo, fue imputado por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) por el delito de extorsión agravada, en un acto que pareció más un esfuerzo por retenerlo en prisión que por administrar justicia.
Esto fue evidente durante la audiencia inicial, celebrada a las 13:45 horas del miércoles 6 de marzo, en la Sala 5 del Juzgado de Control y Juicio Oral, en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, Xochitepec.
El juez penal David Ricardo Ponce González tuvo que enfrentar la deficiente investigación de la FIDAI para imponer la prisión preventiva «justificada» pero con un encriterio de oficio: el catálogo de delitos de alto impacto.
«Me veo obligado a actuar ante la gravedad de este delito incluido en el catálogo de alto impacto», expresó Ponce González, visiblemente afectado por la disyuntiva ética y legal.
La estrategia jurídica insuficiente de la FIDAI fue notoria no solo para el juez sino también para la defensa, que criticó la falta de pericia en litigación del Ministerio Público y su asesoría legal.
La audiencia reveló que los datos probatorios eran insuficientes, dependiendo excesivamente de la declaración de la víctima sin apoyo de pruebas adicionales. Además, ciertos peritajes, como el psicológico y el informático, debilitaron la credibilidad del caso, abriendo oportunidades para la defensa en futuras audiencias.
A pesar de que la FIDAI describió a la persona imputada como un importante agitador de violencia en la zona metropolitana del estado, su afirmación se basó en un informe del Centro Nacional de Inteligencia sin evidencia detallada.
Tras la acusación, el imputado pidió posponer la audiencia de vinculación para preparar su defensa. El juez programó la siguiente audiencia para el lunes 11 de marzo, tratándose de un caso promovido como un éxito gubernamental, aunque resultó ser más bien un arresto fortuito que el logro de una investigación.