Un juzgador no debe resolver los conflictos penales basado en presentimientos sino en pruebas, sentenció la Jueza Especializada de Control del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF), Guillermina Matías Garduño.
Al conocer los casos de las detenciones del Fiscal de la Región Oriente, José Alejandro Chávez Carmona, y del Coordinador de Atención Temprana, Daniel Solís Hernández; la Juzgadora fue clara en su resolución:
“La política es una cosa, nosotros hacemos nuestro trabajo. Las cosas se litigan aquí, no en otras partes”, dijo Guillermina Matías en clara alusión a las críticas en contra de juezas y jueces que han sido víctimas de escarnio público.
La jueza puso en evidencia el deficiente trabajo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) pues manipuló y ocultó información sobre la detención del Coordinador y de un policía, Melquiades F. A.
Daniel Solís y Melquiades fueron detenidos en un cateo por delitos de posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y delitos contra la salud.
La madrugada del jueves 30 de noviembre, personal de la Fiscalía con apoyo de la Secretaría de Marina y Armada de México y agentes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) ingresaron a la casa de Daniel Solís.
Ellos llevaban una orden de cateo para allanar un domicilio, pero encontraron tres, dos de los cueles eran rentados, uno por Melquiades y el otro por un soldado del Ejército Mexicano en donde hallaron marihuana y cartuchos.
Los abogados defensores de las personas detenidas: Juan Manuel Cuellar Miranda, Víctor Javier Hernández Vega, Manuel Vida Medina y Tomas Miranda Servín hicieron ver los errores en que incurrieron los fiscales.
“La habitación donde hallaron los cartuchos, era de un militar, y el cuarto donde encontraron la marihuana, no fue en la casa de Daniel Solís, es decir no estaban dentro de su radio de acción”, dijo Cuellar Miranda a la juzgadora.
La jueza no consideró que las personas investigadas, estuvieran cometiendo un delito por eso declaró la detención ilegal y ordenó su libertad inmediata.
Antes en una primera audiencia, la de Alejandro Chávez, la juzgadora calificó de legal su detención y escuchó la imputación en contra del servidor público por los delitos de posesión de cartuchos y operación con recursos de procedencia ilícita.
En la diligencia del cateo a su casa, también realizada la madrugada del pasado jueves 30 de noviembre, la FEMDO localizó 33 cartuchos y la cantidad de 113 mil 500 pesos, por ese motivo fue detenido.
La Fiscalía sostuvo que la orden de cateo derivó de una denuncia anónima que informó de la protección que Chávez Carmona brinda al parecer a un grupo de personas, identificados como integrantes de la delincuencia organizada.
El servidor público se reservó su derecho a declarar y solicitó 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso penal, misma que fue fijada el próximo jueves 7 de diciembre.
La Fiscalía especial solicitó a la juzgadora, imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada ante el riesgo de obstaculizar el proceso, así como la penalidad que puede obtener en caso de ser sentenciado: 36 años de prisión.
Pero, en caso de no ser otorgada, la representación propuso el arraigo domiciliario, la separación de su cargo y una garantía económica de 113 mil pesos, entre otras medidas.
La jueza negó ambas medidas y en su defecto le impuso una supervisión semanal y una garantía económica de 35 mil pesos por lo que Chávez Carmona seguirá su proceso en libertad.