Por Redacción | Especial
La detención del abogado Carlos Froylán Salazar Yamanaka, ocurrida el pasado 10 de abril en Morelos, ha abierto una línea de investigación que alcanza a mandos operativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señalados por fuentes internas como presuntos responsables de irregularidades que incluyen la posible siembra de evidencia y actos de tortura.
De acuerdo con información recabada por este medio, al menos tres funcionarios de alto nivel habrían intervenido en el operativo que derivó en la detención del litigante, quien fue trasladado al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) tras su aseguramiento.
Entre los nombres que emergen en los testimonios se encuentra Cristian Alfonso de la Rosa López, actual director de Unidades de Operaciones Especiales, a quien se le atribuye, de manera preliminar, la manipulación de un arma de fuego que posteriormente habría sido colocada como evidencia.
Fuentes consultadas dentro de la propia corporación coinciden en señalar que dicha acción formaría parte de una práctica irregular orientada a sustentar detenciones mediante la fabricación de elementos incriminatorios.
A esta versión se suma la presunta participación de Daniel Caballero Zárate, jefe de la Unidad Especial de Operaciones, quien habría intervenido directamente en la detención y, según los testimonios, en actos que podrían constituir tortura, además de la obtención y filtración de material audiovisual sustraído a la persona detenida.
Otra línea de investigación apunta a Enrique Juvencio Hernández Méndez, identificado como asesor de la SSPC y director del C5, quien presuntamente habría instruido la operación.
Las versiones recogidas también señalan que, tras la detención, se habría introducido droga —específicamente fentanilo— con el objetivo de sostener la imputación penal. Una de las fuentes consultadas sostiene que esta práctica respondería a una estrategia más amplia para justificar resultados en el combate a este tipo de sustancias, aunque dicha afirmación no ha sido confirmada por autoridades.
Hasta el momento, la SSPC no ha emitido una postura pública sobre estas acusaciones ni ha informado sobre la apertura de investigaciones internas. Aunque abogados defensores de Yamanaka confirmaron que se presentó una denuncia por este hecho ante la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción (FECC).
El caso se encuentra en etapa de investigación y no existe sentencia firme. En ese contexto, se debe respetar la presunción de inocencia tanto del abogado como de los funcionarios señalados.
Sin embargo, especialistas en derecho penal advierten que, de acreditarse la siembra de evidencia o la obtención ilícita de pruebas, el proceso podría quedar comprometido por violaciones al debido proceso, lo que abriría la puerta a la nulidad de actuaciones y a eventuales responsabilidades penales para los servidores públicos involucrados.
El caso de Salazar Yamanaka se suma a una serie de señalamientos recientes sobre posibles abusos en operativos de seguridad en Morelos, particularmente en unidades especializadas, donde la opacidad en los procedimientos ha sido señalada como un factor recurrente.
A la par, el señalamiento sobre la cercanía personal entre algunos de los mandos mencionados y la estructura directiva de la corporación añade un elemento adicional de escrutinio sobre posibles conflictos de interés y cadenas de mando dentro de la institución.
En ausencia de una investigación oficial transparente, el caso permanece sostenido en testimonios internos y versiones que, aunque coincidentes, requieren ser verificadas mediante mecanismos institucionales.
La interrogante, sin embargo, ya está planteada:
¿Existen controles efectivos para supervisar a las unidades encargadas de ejecutar detenciones en Morelos, o se está frente a un esquema que permite la fabricación de delitos bajo cobertura institucional?