Un operativo encabezado por el Centro de Operaciones Estratégicas (COE) en Jiutepec dejó once personas detenidas por presunto narcomenudeo; sin embargo, en audiencias judiciales posteriores se evidenciaron inconsistencias en las detenciones que ya derivaron en la declaración de ilegalidad de al menos un caso y señalamientos de posible falsedad por parte de agentes.
De acuerdo con la versión oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), el cateo se realizó en un inmueble de la colonia Bugambilias, donde se aseguraron presuntas dosis de marihuana, cocaína, “cristal”, básculas, dinero y un arma de fuego. Once personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para su investigación.
El operativo, según la FGE, fue ejecutado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con apoyo de fuerzas federales y estatales, tras obtener una orden judicial derivada de una investigación por presuntas actividades de narcomenudeo.
Sin embargo, en audiencias celebradas el 24 de marzo, las once personas fueron presentadas ante tres distintos jueces de control, fragmentando el caso en distintos escenarios procesales.
Ocho personas fueron llevadas ante una jueza, tres más ante otra juzgadora y una mujer ante un juez distinto, quien determinó que su detención fue ilegal.
Mientras la versión oficial sostiene un operativo coordinado, legal y con aseguramientos claros, en sede judicial comenzaron a surgir inconsistencias:
- Las detenciones ocurrieron en distintos tiempos, circunstancias y lugares, no en un solo acto operativo uniforme.
- Se documentaron contradicciones en los registros de actuación policial.
- Una agente aparece en actas como responsable de una detención, pero simultáneamente realizaba otra, lo que pone en duda la veracidad de los informes.
La jueza que conoció del caso de ocho personas validó la detención, pero advirtió posibles irregularidades en las declaraciones de los agentes, señalando que podrían derivar en responsabilidades penales por falsedad.
El caso se encuentra en fase inicial. No existe sentencia firme y las personas detenidas mantienen su calidad jurídica de investigadas. Se respeta la presunción de inocencia.
La declaración de ilegalidad de una detención implica que los datos obtenidos en ese acto podrían ser excluidos del proceso, debilitando la acusación.
Además, las inconsistencias en los informes policiales pueden comprometer la legalidad de todo el operativo si se acredita que hubo alteraciones, omisiones o falsedad en la narrativa oficial.
El uso de la fuerza y las detenciones deben cumplir con criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Cualquier desviación no sólo afecta el caso, sino que vulnera derechos fundamentales como el debido proceso.
Si las propias audiencias exhiben contradicciones en la actuación policial, la pregunta es directa:
¿Quién va a responder si se confirma que las detenciones se construyeron con versiones que no coinciden con los hechos?