Durante una sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 11 de diciembre, el Ayuntamiento de Tepoztlán reasignó los locales 175 y 176 del Mercado Municipal, pese a que dichos espacios se encuentran ocupados, clausurados y bajo investigación por presunto abuso de autoridad, lo que ha detonado un nuevo conflicto judicial y social por posibles violaciones al debido proceso y a derechos humanos de una comerciante afectada.
De acuerdo con información documentada y testimonios recabados, los locales 175 y 176 fueron formalmente asignados por la administración municipal anterior a la comerciante Olga Livia de Mesa, mediante hoja de designación, acto de Cabildo y contrato de comodato. Desde febrero de 2024, la comerciante operaba sin observaciones hasta que, meses después, autoridades municipales clausuraron los espacios sin acreditar acta de inspección, procedimiento administrativo ni resolución fundada.
El abogado Miguel Ángel Villamil Ortiz, representante legal de la comerciante, explicó que no existe constancia legal de renuncia, entrega material ni recuperación administrativa de los locales, los cuales continúan con sellos de clausura y con bienes de la afectada en su interior. Pese a ello, durante la 21ª sesión ordinaria de Cabildo, el presidente municipal propuso y logró la reasignación de dichos espacios a terceros.
El representante legal señaló que el Cabildo aprobó la reasignación sin verificar si los locales estaban desocupados, sin revisar la existencia de procedimientos legales en curso y sin exigir documentación que acreditara una supuesta renuncia, lo que —afirma— constituye una actuación arbitraria y contraria a la legalidad.
Proceso penal y señalamientos
La afectada cuenta con una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía Anticorrupción, identificada con el número FECC/423/25, por el presunto delito de abuso de autoridad, en contra de funcionarios municipales, incluidos integrantes de la coordinación de Licencias y Permisos y autoridades del Ayuntamiento.
En un escrito dirigido a las y los regidores, la comerciante solicitó no firmar el acta de Cabildo, al advertir que la reasignación se realizó sin verificar la ocupación real de los locales, sin procedimiento de desalojo y con información presuntamente falsa presentada ante el órgano colegiado.
En el documento también se advierte que cualquier retiro de bienes sin resolución legal podría configurar el delito de despojo, además de vulnerar derechos como el derecho al trabajo, a la seguridad jurídica y al debido proceso.
El caso permanece abierto en distintas instancias y podría escalar a tribunales administrativos y federales. Mientras tanto, la comerciante mantiene la posesión material de los locales y exige que el Ayuntamiento respete los procedimientos legales antes de ejecutar actos irreversibles, en un conflicto que evidencia las tensiones sociales y jurídicas derivadas del reordenamiento comercial en Tepoztlán.
