El Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA) enfrenta una creciente crisis interna tras revelarse testimonios notariales y una audiencia suspendida por señalamientos contra el juez encargado.
Los hechos exponen posibles violaciones a derechos fundamentales y fallas estructurales en el funcionamiento del órgano judicial especializado.
La audiencia que debía realizarse el 3 de diciembre, encabezada por el Juez de Control Manuel González Morales, tenía un objetivo claro: formular imputación contra Alicia Pineda Brito, investigada por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público en agravio del TUJPA.
El señalamiento, de por sí grave, apuntaba hacia presuntas irregularidades administrativas dentro del propio tribunal y durante la gestión de Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo.
Sin embargo, la audiencia no se desahogó.
El representante de la Fiscalía Anticorrupción solicitó la excusa del juez al existir en su contra una queja y una denuncia vigentes, lo que activó un mecanismo de protección al debido proceso.
De forma inmediata, el caso fue turnado a una Sala del Tribunal para resolver si el juzgador debía apartarse del procedimiento.
Esta interrupción no solo frenó el avance procesal, sino que dejó en evidencia un escenario de tensiones internas que podría comprometer la garantía de imparcialidad judicial, un derecho fundamental para todas las personas involucradas en procedimientos penales.
El caso no es aislado: “la punta del iceberg”
La investigación contra Alicia Pineda Brito conecta directamente con otro expediente: el de Emilio Peña Ricardo Rangel, señalado como supuesto trabajador del Tribunal. Ambos casos, de acuerdo con testimonios notariales, exhiben prácticas irregulares al interior del TUJPA que podrían constituir faltas administrativas o hechos de corrupción.
Los documentos revelan dos declaraciones claves: 16 de enero de 2025: Emilio Peña presenta un testimonio ante notario público en la Ciudad de México y renuncia a su pensión a cambio de un criterio de oportunidad.
10 de noviembre de 2025: Un ex director de administración y finanzas del Tribunal rinde declaración notarial en Cuernavaca y detalla presuntas anomalías ocurridas durante la gestión de Pérez Güemes y Ocampo.
Aunque su contenido específico permanece reservado por tratarse de investigaciones en curso, la existencia misma de estos testimonios confirma que las denuncias no son aisladas y que existen señalamientos estructurados y formalizados sobre el funcionamiento del Tribunal.
Relevancia judicial y de derechos humanos
Los procedimientos abiertos no solo buscan determinar responsabilidades administrativas o penales. También tocan aspectos sensibles del sistema de justicia para adolescentes, un ámbito donde las instituciones están obligadas a observar estándares reforzados de legalidad, transparencia y protección de derechos.
La suspensión de la audiencia, los señalamientos contra un juez en funciones y la aparición de testimonios notariales contribuyen a un clima que podría afectar la confianza pública y, sobre todo, el acceso efectivo a la justicia.
Lo que sigue
Tanto la investigación de la Fiscalía Anticorrupción como las resoluciones que emitan las salas del Tribunal serán determinantes para aclarar responsabilidades y garantizar que los derechos de todas las personas involucradas —incluyendo personal del TUJPA, testigos y la propia persona investigada— se respeten plenamente.
Por ahora, los detalles específicos deberán conocerse conforme avance el proceso, sin poner en riesgo las investigaciones ni vulnerar presunción de inocencia.