A seis años de haberse creado la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Morelos, los resultados no sólo son escasos: son alarmantes. De acuerdo con datos oficiales obtenidos por el Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas”, entre 2018 y 2024 se abrieron 3,810 carpetas de investigación. Sin embargo, sólo 150 derivaron en una sentencia condenatoria, es decir, menos del 4 por ciento del total.
En contraste, el 78 por ciento de las carpetas —casi ocho de cada diez— siguen estancadas en la etapa de “investigación o integración”, sin que exista claridad sobre avances sustantivos. Esto equivale a 2,970 casos sin resolución.
Simulación de justicia
Aunque la FECC presume haber judicializado 649 casos, la mayoría permanece sin sentencia. Tan sólo en 2023, de las 106 carpetas judicializadas, únicamente cuatro concluyeron en sentencia. Lo mismo ocurrió en 2024: de 157 carpetas presentadas ante un juez, apenas 13 fueron resueltas. En ambos años, el rezago procesal superó el 90 por ciento.
El patrón se repite desde 2019. Las carpetas se acumulan, pero las resoluciones no llegan. En 2020, 2021 y 2022, más del 70 por ciento de los casos judicializados terminaron en nada. El sistema se atasca en sus propias cifras.
Una fiscalía decorativa
A lo largo de seis años, solo 14 carpetas obtuvieron sentencia absolutoria y 27 fueron desechadas por determinación de no investigar o por revocación, cifras marginales que, sin embargo, llaman la atención por su discrecionalidad.
El panorama revela una institución que acumula expedientes sin capacidad de resolución, donde el combate a la corrupción parece un eslogan más que una política pública efectiva.
¿Y los responsables?
Los números no mienten: en Morelos, la corrupción no se castiga. Ni presidentes municipales, ni exfuncionarios, ni operadores financieros de redes de desvío han sido sancionados con fuerza por esta Fiscalía.
Para organizaciones civiles y especialistas, esta situación refleja una impunidad estructural y sostenida. “No basta con abrir carpetas, se requiere voluntad política, profesionalización y una reingeniería total del sistema anticorrupción”, señala el informe.
Exigen rendición de cuentas
Ante esta realidad, activistas y periodistas exigen que el Congreso del Estado convoque a una revisión integral de los resultados de la Fiscalía, y se impulse una auditoría ciudadana de los expedientes que llevan más de dos años sin resolución.
Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos carga con un saldo preocupante: miles de denuncias sin justicia, y una estructura que, lejos de combatir la corrupción, parece protegerla por omisión.
